Es doctor en Jurisprudencia, exasesor de la Vicepresidencia de la República, excoordinador jurídico del Consejo de la Judicatura (2013-2014) y trabajó en la Corte Nacional de Justicia y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Édison Toro fue designado, el 23 de julio de 2018, superintendente de Información y Comunicación (Supercom). Él conversó con EL TELÉGRAFO sobre cómo encontró el organismo.

Usted hizo un diagnóstico de la Supercom que estaba en manos de Carlos Ochoa desde 2013. ¿Qué encontró?

Falenciasen las tareas de auditoría y fiscalización de contenidos de medios, informes sin análisis de contenidos, fallas en Talento Humano (no hay manual de descripción, clasificación y valoración de puestos), adquisición de productos sin planificación. También irregularidades en procesos contractuales, alta carga administrativa y gran cantidad de contratos por ínfimas cuantías que son aproximadamente por $ 109.110.

¿Cuál fue el tema que más le llamó la atención?

El de la Intendencia Técnica que hace monitoreo y control, así como los procesos sancionatorios en contra de los medios de comunicación. No creo en un esquema administrativo de control y sanción, sin embargo, está la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que tiene atribuciones. Pero la aplicación de esa norma tendrá otro sentido durante mi administración.

¿La misión de la Supercom se cumplió en la época de Ochoa?

No se cumplió. A partir del cambio de Gobierno en el 2017 disminuyeron las líneas de control, monitoreo y sanciones en contra de los medios de comunicación. Es decir la línea conductual de esta entidad en el 2014 era sancionar. Hoy no hay inicio de procesos por denuncias ni oficio de la Supercom. Tratamos de analizar ese comportamiento en la matriz e intendencias zonales. No es porque los medios cambiaron en sus esfuerzos de cumplimiento de la ley, sino porque la actividad sancionatoria decreció.

¿Qué hay de los contratos que hizo el exsuperintendente?

Hay uno con el mayor monto en equipamiento de software o hardware de monitoreo. Es el único de inversión que tiene la Supercom. Inicialmente costaba $ 28 millones, pero luego disminuyó a $ 9 millones y, finalmente, a $ 1’800.000. Solicitaré a la Contraloría que examine ese caso y otros. También hay contratos de ínfima cuantía.

En todas las zonales y la matriz han utilizado mucho esos contratos, que son procesos de excepción y para cuestiones muy tangenciales, que salen del presupuesto. Eso implica que no hubo una planificación adecuada. El monto de esos contratos es de más de $ 100.000 por año, que se utilizaron para pagar arrendamientos de los edificios de las intendencias zonales, por ejemplo.

¿Eso significa que no había una gestión organizada?

Así es. En los temas más substanciales no hay seguimiento ni evaluación de los procesos administrativos. Tampoco hay línea de capacitación al talento humano. Es decir, hubo espontaneidad o improvisación en la gestión. No se consolidó institucionalmente.

No se regularizaron los contratos ocasionales. Se está evaluando para cumplir con la norma sobre ellos, que establece un máximo del 20% del total de la nómina. Hay intendencias sin justificación, la dirección de auditoría tampoco tiene trabajos importantes. Por ejemplo, se hizo una muestra a medios de comunicación sobre su tiraje y publicidad, que no se justifica.

¿Hubo despilfarro?

La Contraloría hizo un informe borrador del examen y está en manos de las partes. No puedo referirme concretamente a ellos. Pero hubo varios contratos en los que no se justificó el cumplimiento de la ley. Sí hay irregularidades, pero no en la línea de despilfarro.

¿Qué hay de los viajes y viáticos de Ochoa?

Sobre los viajes y viáticos del exsuperintendente no sabemos dónde están los informes y la utilidad de esos desplazamientos. Por eso pedí exámenes especiales a la Contraloría sobre ambos temas. Encontré que una intendencia hacía el monitoreo en las provincias y viajes innecesarios porque hay intendencias provinciales que podían hacer ese trabajo. Hay un rubro importante de gastos en pasajes.

¿Qué cambios ha hecho en su corta administración?

He pedido a mis colaboradores que no utilicen los medios institucionales ni los vehículos ni celulares asignados. Además, he suspendido los viajes en concordancia con el pedido de austeridad y transparencia del Ejecutivo. También trabajo sobre el eje de protección de los derechos de los ciudadanos y garantía de la libertad de expresión.

¿Cómo se resumiría la salud de la Supercom?

Nació, pero no pudo desarrollarse efectivamente. Se concentraron más en los temas que les interesaba: el control y monitoreo para sancionar a los medios de comunicación. Los años de funcionamiento les quedaron cortos; la administración es caótica y el gasto corriente no era preocupante para la gestión de Ochoa. Si la reforma a la LOC pasa, hay que cerrar la entidad de manera adecuada y ordenada.

Hay medios que tienen deudas por sanciones. ¿Se cobrará?

Son cerca de $2 millones por multas no pagadas. Por ahora no se cobrará, parte de la revisión es dilucidar ese tema. Habrá otro grupo que se definirá en instancia judicial. LaSupercom podrá revisar las sanciones de máximo un año atrás.

Ustedes tienen que evaluar las sanciones a los medios. ¿Qué pasará si descubren que fueron ilegales?

Si como resultado de la revisión jurídicamente se establece su ilegalidad, el efecto sería la restitución. (I)