Protesta en las afueras de la Embajada mexicana en Quito

Una manifestación a las afueras de la sede diplomática de México alteró la tranquilidad del barrio El Batán, ubicado al norte de Quito. Representantes de organizaciones sociales exigieron al Gobierno mexicano que no otorgue asilo ni refugio a siete militantes de la Revolución Ciudadana. Ellos están en la embajada desde el sábado 12 de octubre de 2019.

Roberto Canseco, la segunda autoridad de ese país en la capital, les pidió que entreguen por escrito todas sus demandas.

La Embajada de México en la Mitad del Mundo es blanca, de dos pisos y de estilo colonial. Tiene palmeras, cactus y una bandera bicolor en la terraza. Allí están los integrantes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa. Cuatro son legisladores de esa bancada: Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea.

También está Soledad Buendía, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), y su esposo Edwin Jarrín, exvicepresidente del cesado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); Carlos Viteri, legislador de la RC, y su esposa Tania Pauker, exvocal cesada de CPCCS; y Luis Alfredo Molina, legislador alterno de la RC. Además se unió a ellos Leonidas Moreno, procurador síndico de la Prefectura de Pichincha.

El grupo no ha sido llamado por la Fiscalía ni por la Policía.

La legación no tiene policías afuera ni guardias privados para reforzar su protección. A lo largo de esa cuadra pasan los pasajeros del transporte público, paseadores de perros, transeúntes que se dirigen al Quicentro Shopping o al bulevar de las Naciones Unidas.

Una señora señaló que la Policía debería sacar a los correístas de la embajada porque estuvieron detrás del intento de golpe. Pero justo cuando ella hablaba con este diario, otra señora que escuchaba gritó: “Es una cacería de brujas, nada más”.

Marcelo Pabón, un ciclista, manifestó que está en contra del asilo para ellos. “Ojalá que la justicia ecuatoriana los atrape por propiciar la desestabilización democrática”. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo les concedió protección. (I)