El exjuez español Baltasar Garzón y Carlos Poveda, que hacen parte de la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentaron este viernes 19 de octubre en Quito una acción legal de protección a favor del australiano, ante la demanda de Ecuador para que se someta a un nuevo régimen de condiciones de asilo.

Así lo confirmaron ambos en una rueda de prensa en Quito en la que anunciaron que la acción está «basada en la vulneración de sus derechos con respecto a la restricción de telecomunicaciones e implementación unilateral del denominado ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica’«.

Se trata del documento que Ecuador le ha presentado al asilado para definir sus nuevas condiciones de vida dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra bajo protección desde 2012.

Según un documento entregado a los periodistas, la acción de protección ha sido presentada en el Complejo Judicial Norte de Quito ante los jueces competentes.

Esta «demanda constitucional, una vez calificada, «deberá convocar a una audiencia oral donde hemos solicitado la comparecencia del señor Julian Assange a través de videoconferencia, previa aceptación y decisión del señor canciller de la República del Ecuador», se señala en el documento.

Los dos juristas, miembros del equipo internacional de defensa de Assange, muestran su esperanza de que los «los jueces/as de la República del Ecuador actúen en virtud de la Constitución, los instrumentos de Derechos Humanos y precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos«.

La presentación de la acción coincide con la entrega a Assange de un documento con el que Ecuador quiere regular sus condiciones de vida en la legación diplomática de Londres.

«La situación actual del asilado se ha empeorado por el asilo prolongado», afirmaron los abogados en un comunicado, en el que se quejan de que «la falta de soluciones» como que Assange tenga plenas garantías de que en el futuro «no sea extraditado a un tercer país donde se pueda afectar la integridad física y psicológica del peticionario».

Y concluyen con la advertencia de que estarán «pendientes» del trámite de esta garantía constitucional «sin perjuicio de acudir a instancias supranacionales de justicia».

El caso de Assange, calificado por el actual presidente ecuatoriano como «una piedra en el zapato«, es objeto de contactos con el Reino Unido desde hace más de un año, pero las partes no se ponen de acuerdo para una salida con garantías de la legación.

En diciembre pasado, la anterior ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, le concedió la nacionalidad y un cargo diplomático para solucionar el problema, pero el Reino Unido se negó a dejarle salir sin detenerle. (I)