Parte de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana ya anticipan, en spots publicitarios, sus propuestas en caso de llegar al organismo. Incluso anuncian que auditarán y revisarán las actuaciones jurídicas de la gestión de Julio César Trujillo.

Uno de ellos es Juan Dávalos. Él plantea una veeduría para analizar la designación de las autoridades por parte del Consejo deParticipación Transitorio (CPCCST).

“El Transitorio ha hecho todo lo contrario a construir organismos de control independientes. Ha nombrado casi a dedo a muchas autoridades”, puntualizó Dávalos.

Pero los consejeros transitorios tienen su respuesta. Dicen que tal planteamiento no tiene asidero legal, sin embargo, respetan la libertad de participación ciudadana.

Para Luis Hernández, eso es “demagogia o ignorancia” de los candidatos porque no entendieron que las competencias del Consejo Transitorio son extraordinarias al haber sido dadas por mandato popular, en febrero pasado.

“De las tres tareas del Consejo: evaluacióny designación de autoridades, participación ciudadana y lucha contra la corrupción, las primeras están casi terminadas y a los nuevos les tocará, a medio periodo, designar a los que se debe reemplazar por ley”, dijo Hernández.

Pablo Dávila recordó que los nuevos consejeros, elegidos en las urnas el 24 de marzo, no podrán echar abajo el trabajo porque el futuro organismo tendrá competencias ordinarias, amparadas en los artículos 207, 208, 209 y 210 de la Constitución.

“Ofrecer que se desconozca lo hecho de manera extraordinaria no tiene sentido”, subrayó Dávila.

El consejero Xavier Zavala reiteró que los nuevos consejeros estarán impedidos, por ejemplo, de evaluar a las autoridades de control “y menos aún de un eventual cese de funciones”.

Sin embargo, para proteger sus actuaciones, un equipo bipartito del Ejecutivo y del Consejo Transitorio trabaja en una futura consulta popular. Todavía no se conocen los alcances del plebiscito ni la fecha de su concreción.

Los consejeros instaron a la ciudadanía para que reflexione sobre las propuestas de campaña.

Esta postura es defendida por el constitucionalista André Benavídez, quien sostiene que los integrantes definitivos sí podrán auditar el manejo administrativo, pero “las propuestas que he escuchado son inviables”. (I)