Hasta el próximo 22 de octubre varios juristas de todo el país entregarán sus observaciones a la iniciativa del presidente del Consejo Transitorio (CPCCST), Julio César Trujillo, quien propone reformar la Constitución.

Para el efecto a todos los expertos les enviaron la semana pasada una matriz donde están anotados los textos de los artículos: 112, 120, 179, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 224 y 236.

En la misma hoja constan los espacios para que los jurisconsultos y académicos anoten su observación y la propuesta de reforma que tengan.

Todos los artículos mencionados se refieren a las competencias de la Asamblea y la manera de designación de las autoridades a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El miembro del CPCCST, Xavier Zavala, dijo que todos los integrantes del organismo también recibieron el planillo, sin embargo sostuvo que no está de acuerdo con eliminar el CPCCS.

Zavala comentó que por el articulado que Trujillo anotó, la reforma se enfocaría en propiciar que la Asamblea nombre a las autoridades de control, “de manera que una comisión permanente se encargue de la selección, con asambleístas que tengan los mejores requisitos, para que lideren estas designaciones de tanta importancia”.

En cambio el CPCCS tendría la competencia de promover y organizar la participación ciudadana, “sin tutelajes o intervención del gobierno y podría mantenerse la disposición de que sean escogidos mediante elección popular”.

También opinó que se debería reorganizar la Función de Transparencia establecida en la Constitución con la conformación de una comisión interinstitucional para hacer el seguimiento a los temas de corrupción “por eso debería incluirse a la Función la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero que no están”.

Zavala indicó que los cambios propuestos implican la realización de una consulta popular aprovechando los comicios del 2019, “lo cual dependerá del análisis que haga también el Presidente de la República”.

La semana pasada Trujillo aclaró que las enmiendas que está incentivando no son para blindar las decisiones que ha tomado el organismo que preside, “soy partidario de que se suprima este Consejo, la Función de Transparencia es un solemne disparate porque la transparencia debe ser responsabilidad de todo funcionario público”.

Al respecto el constitucionalista Stalin Raza acotó que mediante una consulta popular no se podría eliminar la Función de Transparencia porque eso afectaría la estructura del Estado consagrada en la Constitución.

Pero sí se puede preguntar al pueblo la transferencia de competencias, “por ejemplo que la Asamblea recupere la capacidad de nombrar autoridades de control, para esto no hay necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente”.

Raza apoya la idea de que el CPCCS potencie los procesos de participación ciudadana a través de veedurías “así la competencia de elegir autoridades pase a una entidad que tiene mayor representatividad, como es la Asamblea”.

Pero una vez que pase este proceso de transición institucional se debería pensar en una Constituyente para reformas estructurales que se necesitan especialmente en el sistema judicial.

El exasambleísta Ramiro Aguilar resaltó que es necesaria una Asamblea Constituyente, “no estas propuestas simplonas de reformas, sino algo mucho más profundo para acabar con el hiperpresidencialismo que tiene la Constitución.

Aguilar anotó la necesidad de un ajuste para lo que denominó el postcorreísmo, “porque la Constitución del 2008 fue para Correa, estaba diseñada para ese modelo político centralista y necesitamos salir de ese modelo concentrador”.

El exlegislador considera que la disposición de hacer una consulta popular dependerá de la lectura que haga el Mandatario: “es un tema que todavía está tierno”. (I)