La lupa del control cae sobre el Súper de Bancos

Christian Cruz es uno de los herederos de la línea económica del gobierno anterior en la Superintendencia de Bancos y una de las pocas autoridades nombradas por el antiguo Consejo de Participación que sigue en funciones, aunque su futuro es incierto.

Este momento, la Asamblea emprendió un proceso de fiscalización en su contra, al mismo tiempo que el Consejo de Participación arrancó la evaluación de su gestión.

Cruz llegó al organismo de control financiero en enero de 2015, reemplazando a Pedro Solines, quien presentó su renuncia irrevocable un año antes de cumplir su período de funciones. En ese entonces tenía 35 años y había sido intendente general de la Súper de Bancos; Intendente de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; subsecretario del Ministerio de Agricultura y asesor de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

Un año después ganó sin sobresaltos el concurso organizado por el Consejo de Participación. Él encabezaba la terna enviada por el expresidente Rafael Correa.

Casa a adentro, en la Superintendencia, se dice que durante su gestión hubo tranquilidad en el sistema financiero que el año pasado rompió récords en depósitos y créditos. También que se preocupó de las finanzas de los hogares apuntalando la capacitación y las herramientas de información.

Pero, para el legislador Raúl Tello (Unidos por Pastaza) el Superintendente tapó los errores de la administración anterior. A su criterio, no vigiló ni sancionó al ex director del IESS, Richard Espinosa, cuando no registró la deuda que mantenía el Ejecutivo con el Seguro Social.

Tello lidera el juicio político contra Cruz en la Asamblea. Su acusación se basa en el supuesto incumplimiento de sus funciones al no verificar la realización de las recomendaciones que hizo la Contraloría en 2015, en las que se exigía el registro de las obligaciones del Gobierno Central. Dos años después esa omisión encausó la salida de Espinosa del IESS.

Él espera que su caso llegue al Pleno de la Asamblea y termine en la censura del funcionario, para esto primero debe superar la Comisión de Fiscalización.

Esta semana, el grupo legislativo espera recibir la documentación solicitada a la Superintendencia, a la Junta Monetaria, a la Contraloría y al IESS. La presidenta de la comisión, María José Carrión (Alianza PAIS), dijo que también se pedirá la comparecencia del ministro de Economía, Richard Martínez; del contralor, Carlos Pólit, y del actual director de Instituto de Seguridad Social del Ecuador, Manolo Rodas.

La intención de la Comisión es cerrar el caso en 15 días y entregar su informe del Pleno del Legislativo.

Mientras este plazo corre, hoy está previsto que el Consejo de Participación conozca el informe de gestión que entregó Cruz el 16 abril pasado. También se evaluarán las tres denuncias ciudadanas que se presentaron en su contra.

Cruz y la Superintendencia prefieren no adelantar un criterio sobre las acusaciones y esperan, por un lado, que el Consejo de Participación coloque una fecha para que pueda presentar sus pruebas de descargo. También aguardan por la notificación oficial del juicio político en su contra para defenderse. (I) et

Nuevos rostros en la Función de Transparencia

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la Asamblea Nacional encaminaron el relevo de las antiguas autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, más conocida como el Quinto Poder. Esta función se creó en la Constitución de 2008 para combatir la corrupción y controlar al sector público. La integran nueve instituciones, pero las principales son el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, las superintendencias de Ordenamiento Territorial, de Bancos, Economía Popular y de Comunicación. Su actual presidente es el superintendente de Bancos, Christian Cruz.

Los nuevos vocales del Consejo enrumbaron sus primeras acciones para evaluar a los titulares de esta función. Los primeros cesados fueron Patricio Rivera, de la superintendencia de Economía Popular, y Carlos Ochoa, de Comunicación.

Luego se oficializó el relevó de la Defensoría del Pueblo y ahora se evaluará a Christian Cruz, de la superintendencia de Bancos. El siguiente en la lista es Fernando Cordero de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, aunque el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, adelantó su opinión y dijo que esa institución debería suprimirse. (I)