La Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección al Denunciante que presentó el Ejecutivo pasó a primer debate en el pleno de la Asamblea, pero con varias críticas.

Este proyecto estuvo dormido 133 días en la Comisión de Justicia, que preside la correísta Marcela Aguiñaga. Cabe resaltar que esa mesa legislativa ya había realizado su propia Ley Anticorrupción, pero la misma fue vetada completamente por el Ejecutivo y, en respuesta, presentó un nuevo proyecto.

Los 11 integrantes de la Comisión aprobaron el primer informe del proyecto del Ejecutivo, tal y como fue presentado por este.

Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), defendió el informe y el trabajo realizado por la Comisión de Justicia. Él rechazó las críticas que hiciera la semana pasada el Gobierno por la supuesta lentitud de la Comisión en el trámite de la propuesta legal.

Por eso, en el informe aprobado se deja constancia de que la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantes, no aceptó las dos invitaciones que la comisión le hizo para debatir el tema.

Lourdes Cuesta, de CREO, dijo que esta decisión permitirá que todos los legisladores conozcan las “fallas técnicas y constitucionales” que están en la propuesta.

En el análisis hecho por la Comisión se estipulan contradicciones con la Ley de Servicio Público, de Garantías Jurisdiccionales y con el Código Integral Penal (COIP).

Las principales críticas fueron hechas a la figura de premiar a los denunciantes de actos de corrupción, con hasta el 20% del dinero recuperado por el Estado ecuatoriano.

Según el informe de la mesa legislativa, esta figura podría favorecer a los cómplices o testaferros de los dineros mal habidos.

Además, el proyecto de ley contempla la entrega al Ministerio del Interior de facultades que solo tiene la Fiscalía, como es la de investigar y llegar a acuerdos para los delatores de delitos.

También se cuestionó que ocho de cada diez artículos son reformas o ya se encuentran en otras normas, las que deberían ser puestas en práctica, como el reglamento del Consejo de Participación que protege a los denunciantes de actos de corrupción.

Con esta decisión, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) tendrá que establecer la fecha para el primer debate en el pleno de la Asamblea. (I)