La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conocerá, la tarde de este viernes 8 de junio, el informe del juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), que fue resumido en 117 páginas.

En su parte final, el documento, que aún no cuenta con los votos para ser aprobado, recomienda el juicio político. De contar con los votos necesarios, Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Karina Peralta y Alejandro Subía; y la vocal suplente María América Dávalos, deberán presentarse ante el pleno de la Asamblea para ejercer su derecho a la defensa.

El documento fue elaborado por el equipo de la presidenta de la mesa legislativa, María José Carrión, según explicó la asambleísta por Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión, Sofía Espín.

La decisión final fue tomada con base en los numerales 1 y 3 del artículo 181 de la Constitución. En ellos explican que son funciones del CJ “definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial” y “conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos”.

Además, está amparado en los artículos 72 y 73 del Código Orgánico de la Función Judicial que hablan sobre el “banco de elegibles” y “el efecto vinculante del resultado de los concursos”.

Finalmente, recomienda que el pleno de la Asamblea Nacional determine la remisión del expediente a las autoridades competentes para la investigación de los posibles delitos cometidos en el juicio político por la presentación de documentos falsos.

Entre otras, en sus conclusiones, expone que de acuerdo con la copia certificada del informe de Contraloría se verifica que el CJ “entregó nombramientos de agentes fiscales a personas del banco de elegibles que tenían una puntuación menor».

El expediente también señala que “posiblemente se han presentado documentos falsos dentro del presente juicio político,lo cual debe ser investigado, puesto que se estaría incurriendo en los delitos tipificados en los artículos 328 y 334 del Código Orgánico Integral Penal, correspondientes a utilización de documento falso y fraude procesal”, sobre las pruebas que presentaron los asambleístas interpelantes Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza).

Desde Alianza PAIS (AP) y Revolución Ciudadana (RC) se criticó el informe y para los asambleístas que representan a estos bloques en esta comisión, no debería pasar al pleno el juicio político.

Sofía Espín manifestó que el informe no fue elaborado por la Comisión como sí pasó en el pasado juicio político contra el exfiscal general Carlos Baca, donde hubo varias reuniones y discutieron los elementos presentados.

“Es un informe hecho por la presidenta de la Comisión, hoy vamos a analizar cada uno de los casos”, añadió.

Para la asambleísta, incluso, se recogió “documentos falsos que desvirtúan la petición de los interpelantes”.

Añadió que analizarán si en el documento hay elementos suficientes “para cesar en combo a todo el CJ” y que la “Comisión debe actuar independientemente de lo que actúen otras instancias”, esto último lo dijo con base en las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que hace pocos días cesó en sus funciones a los miembros del pleno del CJ.

Finalmente, dijo que si se mantiene el documento como está, votarán en contra o abstención.

Para Daniel Mendoza (AP), el juicio político como está tampoco debe pasar al pleno y dijo que esto lo expondrá en la sesión previa que mantendrán los miembros de la Comisión y en la sesión pública de las 15:00.

“Existe una Judicatura cesada por el CPCCS-T, que felicitamos porque debían irse a su casa. Pero la Asamblea Nacional no puede prestarse para esas viejas prácticas con documentos falsos, firmas no autorizadas. No nos podemos prestar a la agenda de ningún sector”.

Dijo que no está de acuerdo con el informe, porque no se tomó en cuenta lo que en la Comisión se dijo. “Yo dije que presentaron un juicio político descabellado. La Asamblea no puede seguir a un sector de oposición”, recalcó. (I)