Españoles tendrán 100 Mbps en todo el país. Hace tiempo que venimos hablando del Programa UNICO. El programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión busca conseguir el 100% de cobertura en España en 4 años y ahora da un paso adelante con Demanda Rural, que garantizará una conexión a internet con un mínimo de 100 Mbps por un precio máximo de 35 euros. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado a conocer las características de las ayudas en la convocatoria del programa UNICO-Demanda Rural, lo que nos ha permitido conocer cuáles son los planes de este despliegue para conseguir el «Internet para todos» en España.

Programa UNICO-Demanda Rural

En aras de conocer la opinión de operadores, empresas, industrias, asociaciones sectoriales, administraciones públicas, fabricantes, ciudadanos y agentes interesados, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales somete a consulta pública cuestiones relativas para la configuración de un servicio mayorista de conexión dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia.​

El Gobierno, con este nuevo programa UNICO-Demanda Rural, subvencionará la creación de esta red de banda ancha que más adelante se podrá alquilar a las operadoras a un precio regulado para comercializar en cualquier punto del país una conexión a Internet con un mínimo de 100 Mbps por un precio máximo de 35 euros. Esta velocidad mínima de 100 Mbps tendrá que ser accesible al 100% de la población según la Agenda España Digital 2025.

Las ayudas de este programa ascenderán a 73,3 millones de euros que forman parte de los fondos europeos. Estos se repartirán por todo el territorio nacional, con especial incidencia en zonas rurales remotas, de baja densidad de población o en las que los principales operadores no hayan desplegado sus propias infraestructuras.

«Siguen existiendo determinadas zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, que aún no disfrutan de una cobertura adecuada de servicios terrestres de banda ancha de alta velocidad, como pueda ser la población en diseminado, o zonas concretas de determinados núcleos donde los operadores no han realizado los despliegues de sus redes y no disponen de ofertas de servicios de banda ancha comparables a los que contrata la mayoría de la población».

100% de la población con al menos 100 Mbps

Esta Orden tiene por objetivo contribuir al cumplimiento de la meta de alcanzar al 100 por ciento de la población con capacidades de transmisión de al menos 100 Mbps mediante la regulación y convocatoria de subvenciones destinadas a proporcionar en el período 2023 a 2027 un servicio asequible de al menos 100 Mbps de bajada a clientes ubicados en zonas geográficas de todo el territorio nacional en las que aún no exista cobertura con tecnología terrestre (fija o móvil) a 100 Mbps. Estas zonas se revisarán anualmente, de modo que a medida que avance el despliegue de redes el número de zonas elegibles se irá reduciendo progresivamente.

Este programa de ayudas intervendrá a dos niveles, tanto a nivel mayorista, como a nivel minorista. En el primer caso, el operador será beneficiario de una subvención y se encargará de la configuración de una plataforma de red que sea suficiente para prestar este servicio y velocidad mínima. El mismo tendrá que aplicar a los operadores minoristas un precio máximo igual al del servicio NEBA que se compensa subvencionando los costes que dicho operador no pueda recuperar, Españoles tendrán Mbps.

A nivel minorista, en el segmento de la demanda, se establecerá el precio máximo de 35 euros que garantice que dicha tarifa mensual sea asequible y satisfaga las necesidades de los usuarios a la par que se subvenciona el 100 por ciento de los costes asociados al alta del servicio. 31,1 millones se destinarán a la plataforma mayorista y 32,1 millones a sufragar el coste de instalación y alta de los usuarios finales.