El gobierno nacional presentó el “Pacto por la Transición Hacia la Descarbonización”, el que aspira a que el Ecuador la consiga dicha transición para el 2050. El pacto fue firmado únicamente por representantes de cinco carteras de Estado, días después de haber propuesto gravar con IVA a vehículos eléctricos, panales solares, concinas de inducción, entre otros, en el proyecto de ley sobre reforma tributaria. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en los grupos de WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

Así, se ha planteado construir el Pacto alrededor de los siguientes consensos: consumo y aplicación de energía y tecnología más limpia; aprovechamiento sostenible agropecuario, forestal y de los recursos no renovables; una política económica y tributaria que estimule la descarbonización; e interesantemente, una estrategia social que capitalice las diversidades de género, interculturales e intergeneracionales para educar e involucrar a la población en este proceso.

Pese a que el esfuerzo no podría ser más noble, la apoteósica suscripción del Pacto aparece sobrevalorada, por varias razones.

En primer lugar, porque fue un acuerdo absolutamente intragubernamental. Ministros del gabinete de Lasso acordaron con ministros del gabinete de Lasso, su compromiso para que el Ecuador descarbonice su economía. Es decir, fue una maroma para hacer explícita una directriz que debería ser preexistente.

Salvo la presencia protocolaria de Frédéric Desagneaux, embajador de Francia (por cierto, el país que más fuertemente ha apostado a la energía nuclear para reducir su huella de carbono), el evento no significó un “encuentro” con líderes representativos de la sociedad civil, el empresariado, y menos todavía, otros movimientos y partidos del abanico político nacional. Si bien se señaló que es el primer paso para la instalación de mesas técnicas que funcionarán hasta el 2023, no se ha hecho público quiénes serán los participantes.

Desafortunadamente, la ausencia de un mayor número de actores sociales no fue la faceta más anecdótica del evento. Ésta se reveló cuando en sus intervenciones varios secretarios de Estado, al exponer la contribución de sus respectivas carteras al Pacto, confundieron cualquier política medioambiental con descarbonización, como cuando el ministro de Turismo, Niels Olsen, señaló que trabaja con el sector naviero para que las anclas no lesionen a los corales.

Pero por sobre el desconocimiento de aquello que se persigue, debe mencionarse que el timing resultaba inconveniente.

El flamante Pacto se presentaba apenas días luego de haber entregado a la Asamblea, el proyecto de Ley que, entre otros asuntos, desalentaba la transición a la movilidad eléctrica, luego devuelto al ejecutivo por ser en términos técnico-jurídicos inviable.

Precisamente, como fue reportado por VARUS en días pasados, las políticas fiscales contenidas en el proyecto de Ley de “Creación de Oportunidades”, como tasar con IVA a los autos eléctricos, cargadores y baterías de uso particular, y eliminar el ICE para los híbridos, desde cualquier punto de vista contradicen los intentos de fomentar el transporte libre de emisiones.

De todos modos, vale brindar al régimen el beneficio de la duda, y asumir que la proposición de estas incomprensibles políticas fiscales, respondieron a un mal asesoramiento y no a un elemento estructural de su política económica.

Por ello, la expectativa del sector de la electromovilidad es que las propuestas se corrijan en próximos proyectos de ley.

En todo caso, durante el lanzamiento del Pacto, hubo algunos puntos importantes que los miembros del gabinete expusieron en sus intervenciones, y que vale la pena citar.

La cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda resaltó a través del ministro Darío Herrera, la importancia de que el crecimiento urbano contemple una dinámica de economía circular, a través de un adecuado uso del suelo, el diseño de construcciones bioclimáticas y el empleo de materiales de construcción sustentables.

La directora del SERCOP, María Sara Jijón, señaló que las compras públicas en el Ecuador alcanzan en 5% del PIB y el 15% del presupuesto general del Estado.

En tal contexto, es el propio Estado el ente que a través de sus adquisiciones puede girar la balanza hacia una mayor demanda de servicios, tecnología y construcción sostenibles.

Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, quizá en la intervención más disonante del encuentro, hizo énfasis en cómo el gobierno otorgará concesiones para que empresas privadas construyan y operen plantas de generación de energía y un nuevo sistema de transmisión para el sector petrolero, proyectos que congregarán una inversión de 1.900 millones de dólares. Además, habló de la meta de producir al menos 500 megavatios de electricidad a partir de fuentes renovables, lo cual es ínfimo, si se considera que la generación actual del país (80% hidroeléctrica) es de 31 millones de megas.

Mientras que el gran ausente del evento, fue justamente, el ministro Marcelo Cabrera de Transporte y Obras públicas.

Como fuere, detrás de las razones del Pacto pervive la de que privilegiar las emisiones netas “0”, antes que las emisiones “0” es razonable. Sólo el tiempo dirá si la apuesta con la que Lasso se juega el destino de la próxima generación de ecuatorianos fue la correcta.