Javier González Fraga, expresidente del Banco Nación de Argentina, fue imputado este viernes por el presunto delito de defraudación, con lo que se convirtió en uno más de los funcionarios del pasado gobierno que tiene que enfrentar causas judiciales.

En este caso, el fiscal Gerardo Pollicita investiga los préstamos que la entidad estatal le otorgó a Vicentín, la mayor empresa cerealera del país, que acumuló un adeudo de alrededor de 300 millones de dólares que ahora no puede pagar y que, además, supera el tope legal establecido por la institución, lo que se sospecha fue decidido por González Fraga sin consultar al directorio.

El economista presidió el Banco Nación de 2017 a 2019, y fue denunciado por su sucesor, Claudio Lozano, quien fue designado en el cargo por el presidente Alberto Fernández.

La empresa, que emplea a 5.000 personas y que obtuvo el 20% de los créditos otorgados por el Banco Nación, dejó de pagar su deuda en septiembre, tres meses más tarde se declaró en quiebra y achacó su incumplimiento a la incertidumbre política que enfrentó el país en las elecciones presidenciales del año pasado.

Sin embargo, varios medios revelaron que Vicentín fue la principal aportante privado de la campaña por la reelección que protagonizó Macri, y a la que donó poco más de 200 millones de dólares, es decir dos terceras partes del crédito que había obtenido del Banco Nación. Esto implica que el principal problema para la solvencia de la empresa fue la derrota del oficialismo que la había favorecido con un préstamo inédito.

Ahora, el fiscal Pollicita avanzará en la investigación para determinar si González Fraga actuó o no de manera fraudulenta, así como los vínculos entre el crédito y la campaña macrista.

Otros procesados

Desde que Macri perdió las elecciones, avanzaron las causas judiciales en contra suya y de varios de sus exfuncionarios.

El primer procesado fue Luis María Blaquier, extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social, quien está acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haber usado el cargo para beneficiar a empresas en las que era directivo.

También ya fueron procesados el exministro de Energía, Juan José Aranguren, y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en una causa que investiga la compra de gas a Chile por parte de la empresa Shell, en la que el exfuncionario tenía acciones. Alonso fue acusada de encubrimiento y abuso de poder, ya que no actuó a pesar de que había un evidente conflicto de intereses.

Todavía no procesados, pero sí imputados en otros juzgados, están el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli; y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El propio Macri enfrenta otras denuncias, ya que sus familiares fueron beneficiados en el intento de condonar una multimillonaria deuda al Correo Argentino, los contratos para la construcción de parques eólicos y las renegociaciones en la concesión de peajes en una autopista. Las causas avanzan en tribunales.