El legislativo determina el incumplimiento del Plan de Gobierno del presidente Guillermo Lasso. La decisión llega luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara este martes 4 de octubre de 2022 la moción presentada por la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño.

Pazmiño propuso la moción tras la revisión del primer Informe a la Nación presentado por Lasso el pasado 24 de mayo, cumpliendo un año en el poder. El texto asegura que Lasso, en su Informe a la Nación, incluyó el reporte de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el que “presentó resultados de 41 metas (31,5%). Sin embargo, sobre 89 metas restantes (62,5%), “no entregó información».

Además Lasso incumplió, según el informe, con la disposición de presentar el Informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planificación».

#PlenoLegislativo | Con 103 votos afirmativos se aprueba la moción de @mireyapazminoa para determinar el incumplimiento del Plan de Gobierno de @LassoGuillermo, por ende la inobservancia a sus obligaciones sobre la disposición de informar sobre sus labores. #InformeAnualpic.twitter.com/aeTnEW4NN6

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 4, 2022

¿Causal de destitución?

Legisladores de UNES, Partido Social Cristiano (PSC), Pachatutik y algunos independientes respaldaron la decisión con una amplia mayoría: 103 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones de 124 legisladores presentes. De las cinco bancadas, solo el oficialismo se pronunció en contra de esta decisión.

En el debate previo a la votación intervinieron 17 asambleístas. Oficialistas, como Guido Chiriboga, de Creo, criticó la resolución. “Estamos discutiendo un tema de temporalidad, no un tema de cumplimiento”. Por su parte, Mónica Palacios y Jahaira Urresta, de UNES, arremetieron en contra de Lasso, a quien tacharon de ‘mitómano’ y ‘corrupto’. El secretario de la Asamblea deberá notificar a las distintas carteras de estado que Lasso incumplió con su plan de Gobierno y por consiguiente la inobservó a sus obligaciones contempladas en la Constitución de la República.

Las acusaciones no son causal para la destitución del presidente ni de enjuiciamiento político, aunque podría servir para impulsar la revocatoria del mandato desde la ciudadanía.

Con información de | Asamblea Nacional/