2 personas más fueron vinculadas en la investigación por la muerte de “Don Naza”

Ya son cinco las personas procesadas por su presunta participación en secuestro extorsivo con resultado de muerte del que habría sido víctima Miguel Ángel N., conocido como “Don Naza”.

A Jonathan P., Eduardo B. y Jéfferson M., se sumaron Walter S. y José M., estos dos últimos vinculados como los supuestos cómplices del delito.

De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía durante la diligencia, entre el 12 y el 13 de abril del año en curso, Walter S. y José M. se habrían encargado de hacer vigilancias y seguimientos a Miguel Ángel N.

Incluso –según relató el Fiscal–, los procesados ocuparon habitaciones contiguas a la que alquiló la víctima.

Walter S. y José M. están prófugos de la justicia. Por eso, el Juez ordenó oficiar a la Policía Judicial para que se proceda con su localización y captura.

Contexto del caso

El cuerpo de Miguel Ángel N. fue encontrado sin vida la mañana del 14 de abril en un camino de tercer orden de la parroquia de Amaguaña, al suroriente de Quito.

Al parecer, él lideraba una red de captación ilegal de dinero denominada “Big Money”.

El protocolo de autopsia reveló que presentaba una herida de arma de fuego en su pierna izquierda, que le perforó la femoral, por lo que murió a causa de una hemorragia aguda externa.

Según la teoría fiscal, Jonathan P., Eduardo B., Jefferson M., Walter S. y José M. habrían planificado y ejecutado el secuestro de Miguel Ángel N., interceptándolo la tarde del 13 de abril en la avenida Simón Bolívar, en el sector de El Troje, suroriente de Quito.

La víctima habría opuesto resistencia al secuestro, por lo que uno de los procesados le disparó en su pierna izquierda.

Su cuerpo fue trasladado a un inmueble del barrio Santo Tomás de Cutuglagua, para luego arrojarlo en la zona rural donde se halló su cadáver.

Información jurídica

Fiscalía vinculó a Walter S. y José M. con base en el artículo 162, inciso final, del COIP: “cuando por causa o por ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte se sancionará con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años”.