Las autoridades de Argentina determinaron en las últimas horas eliminar los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional El Palomar, ubicado en la jurisdicción homónima de la Provincia de Buenos Aires, habiendo sido un lugar insignia para la política de vuelos ‘low cost’ (a bajo costo) impartida por el Gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue tomada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que argumentó la paralización sosteniendo que esa base aérea no garantizaba el cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus. Se trata de un espacio muy pequeño, donde se dificulta la distancia social. Igualmente, el uso del aeropuerto con fines comerciales ya había sido criticado por el kirchnerismo —cuando era oposición— y gran parte del sindicalismo local. Ahora, bajo la administración del peronista Alberto Fernández, el lugar queda fuera de uso.

Una inauguración plagada de polémicas

La administración de Macri inauguró el aeropuerto —cuyas instalaciones ya existían hace décadas como base militar— en febrero del 2018, cuando empezó a operar la aerolínea Flybondi y luego JetSmart, ambas controladas por fondos de inversión estadounidenses. Ese era el puntapié inicial para el arribo de las ‘low cost’ al país, algo que el entonces presidente calificaba como la «revolución de los aviones».

Esta nueva política, que garantizó la llegada de otros actores privados, les permitió a muchos ciudadanos viajar por Argentina y naciones vecinas a precios mucho más accesibles: solo en 2019, pasaron por El Palomar 1,7 millones de pasajeros. Por otro lado, esto despertó severas críticas desde el sindicalismo y las aerolíneas de bandera albiceleste, ya que perdían clientes para beneficiar a compañías extranjeras. Según el CEO de Flybondi, Esteban Tossutti, ambas firmas empleaban a 1.000 personas en El Palomar, y controlaban —antes de la pandemia— el 21 % de los vuelos nacionales.

La tensión se instaló desde el momento en que el Gobierno anterior dio el anuncio de apertura. Primero, agrupaciones vecinales plantearon recursos judiciales para frenar la iniciativa. Sucede que el sitio está en un lugar urbano, con viviendas a pocos metros. De hecho, lograron una medida cautelar para suspender los ruidosos despegues y aterrizajes entre las 22 y las seis de la mañana. Como contracara, su acceso era más cómodo que otros aeropuertos argentinos: tiene una estación del Ferrocarril San Martín a pocas cuadras, entonces se podía llegar desde la capital de forma rápida y económica.

El otro foco de conflicto radicaba en el valor simbólico del aeropuerto, porque el lugar había sido declarado como un sitio destinado al ejercicio de la memoria. En efecto, desde allí partían los denominados ‘vuelos de la muerte’ durante la última dictadura: el establecimiento funcionó como un centro clandestino de detención, desde donde trasladaban a los secuestrados en aviones para arrojarlos al mar argentino o el Río de la Plata.

El repudio de importantes organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, se basaba en que todavía había juicios de lesa humanidad en curso, y El Palomar cobraba mucha relevancia para las investigaciones. Nada de esto evitó la inauguración.

«Se redujeron los aportes del Estado en Aerolíneas Argentinas»

En las últimas horas, la agencia estatal de noticias, Télam, citó un informe proveniente del Ejecutivo donde se mencionan presuntas irregularidades en el uso de aquel aeropuerto: «El Estado se encargó de desviar fondos y recursos, destinados previamente para ser aplicados en aeropuertos del interior del país, para adecuar El Palomar a las necesidades requeridas para la operación de las ‘low cost'», se lee. También se critica que las firmas privadas, como Flybondi, prometieron inversiones de infraestructura que jamás realizaron, según el peronismo.

«Todas las líneas aéreas que ofrecían servicios regulares ingresaron en una guerra de precios y dejaron de ser rentables», agrega el reporte. Con un tono más crítico, se expresa: «Quebró Sol, Avianca dejó de operar, Lasa apareció y se fue, Andes devolvió su flota completa de B737 en menos de un año y Norwegian Argentina como apareció, se fue».

La empresa nacional —reestatizada bajo el kirchnerismo—, también habría sido víctima de esta política, según la administración de Alberto Fernández: «Se redujeron los aportes del Estado en Aerolíneas Argentinas, mientras crecía su déficit operativo, obligando a suspender rutas aéreas a Barcelona, Brasilia, Belo Horizonte, Córdoba-Miami, que pasaron a ser operadas en su totalidad por líneas aéreas extranjeras».

Así, antes de inaugurar El Palomar, la participación de aquella firma en el mercado de vuelos de cabotaje «entre 2015 y 2018 bajó de un 73% a un 64%». Esta denuncia agrega que la compañía argentina en 2018 —cuando se estrenaron las ‘low cost’— «transportó menos pasajeros que en 2017», una situación inédita desde 2011, cuando muchos vuelos se interrumpieron por la erupción del volcán chileno Puyehue.

Las críticas de Macri y la explicación del Gobierno

«El cierre de la actividad comercial en El Palomar es una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleos, anteponiendo un ‘apagón ideológico’ a los beneficios que esa actividad significaba», enfatizó Macri en redes sociales. «Desde que implementamos nuestra nueva política aerocomercial más de un millón de argentinos volaron por primera vez«, remarcó el exmandatario.

Según este dirigente opositor al peronismo, «en poco tiempo el aeropuerto se volvió el cuarto con mayor número de pasajeros del país». Y concluyó: «Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos».

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Desde el oficialismo tildaron de «cinismo» estas expresiones y se intentaron aclarar algunos conceptos: «El Palomar no está cerrado, sino que está sin operación», dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Entre tanto, las aerolíneas de bajo costo aceptaron prestar servicios desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante de Argentina, un poco más alejado de la capital.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó que esas empresas deberán utilizar Aeroparque desde febrero si se normaliza la situación, un aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires usado principalmente para viajes locales.

Según las autoridades locales, JetSmart aceptó los cambios sin grandes reparos, pero las mayores trabas las habría puesto Flybondi. Esta compañía impuso acciones judiciales contra las autoridades aeronáuticas, pero la Justicia ya falló en su contra y le prohibió operar desde El Palomar. En los meses previos, su CEO dio a entender que mudando el servicio se pondrían «en riesgo» los puestos de trabajo, algo que fue duramente criticado ya que el Estado subsidia los salarios desde que comenzó la pandemia.

Leandro Lutzky

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