La escalada de violencia que se vivió el pasado fin de semana en varios municipios del departamento colombiano del Arauca, fronterizo con Venezuela, no solo causó la muerte de 24 personas sino también el desplazamiento de 50 familias. El Gobierno venezolano informó este miércoles que ha proporcionado asistencia a quienes cruzan la línea limítrofe huyendo del «terror» y que mantiene sus tropas en la zona.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, publicó un tuit acompañado de varias imágenes donde se observa cómo uniformados y civiles, del lado venezolano de río Arauca (estado Apure), reciben a un grupo personas que llegan en canoa desde Arauquita, uno de los municipios colombianos donde ha habido confrontación entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el «control de las economías ilícitas«.

Padrino López aseveró que Arauquita se encuentra «asediada por el terror y la violencia» y que por ello sus habitantes se han tenido que desplazar hasta Venezuela. «La comunidad internacional debe observar este conflicto con visión humanitaria«, puntualizó.

Por su parte, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, ratificó que las fuerzas militares venezolanas se mantienen desplegadas «en el eje transfronterizo» y que se encuentran preparadas «para enfrentar cualquier falso positivo del gobierno de Colombia». «Mantendremos nuestra soberanía a todo trance», agregó.

Este fin de semana, en menos de 24 horas, fueron asesinadas más de 24 personas en los municipios colombianos de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, donde ya en 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana por violencia «estructural» en la zona, debido a que los grupos armados ilegales se enfrentan desde mediados de 1980 por el acceso a los recursos naturales y la renta petrolera, con el fin de garantizar su existencia y el mantenimiento de sus actividades ilícitas.

¿De qué lado ocurrió el enfrentamiento?

La Defensoría del Pueblo colgó en su cuenta de Twitter un extenso hilo con su resumen de la compleja situación que atraviesan los municipios fronterizos del Arauca. Este reporte contradice las afirmaciones que hizo el ministro de la Defensa colombiano, Diego Molano, quien aseguró que la disputa entre el ELN y las FARC se había iniciado en Venezuela y que «los actos criminales» ocurrieron del otro lado de la frontera.

En un de los trinos, la Defensoría explica que desde el 2 de enero supieron de la confrontación armada en las zonas rurales de Tame, Saravena, Arauquita, Fortul y Cubara, y que desde la fecha hacen «presencia permanente en terreno».

Hasta ahora manejan la cifra de 24 personas asesinadas y reportan que 18 cadáveres están en la morgue del Hospital de Saravena.

Según la información que posee la Defensoría, nueve de las personas asesinadas residían en Saravena, cuatro en Fortul y una en Cubara. Del mismo modo, se adelantó que en Tame se encuentran seis cuerpos que fueron llevados desde Fortul.

El organismo advierte sobre el alto riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad en Saravena y Arauquita por parte del ELN y las disidencias de las FARC.

El riesgo de desplazamiento

En su resumen de la situación, la Defensoría se refiere al desplazamiento, un problema recurrente en Colombia debido a los enfrentamientos dentro de poblaciones rurales y resguardos indígenas, cuyos habitantes se ven forzados a abandonar sus comunidades ante las amenazas y riesgos para su seguridad.

La institución afirma en un trino que «ha ido aumentando el desplazamiento de las comunidades a los cascos urbanos de los municipios en los que hay confrontaciones», y que manejan la cifra del de 12 familias obligadas a dejar sus casas: seis hacia Tame y seis a Saravena.

Además, según la Personería de Tame, el 3 de enero se habrían desplazado unas 40 familias más hacia ese municipio. Aunque el número que maneja la Defensoría supera por poco las 50 familias, el organismo considera que la cantidad podría aumentar debido a que se mantiene el escenario de riesgo en la zona.

«Estamos estableciendo la caracterización y el número de personas desplazadas, pues al parecer han buscado refugio en viviendas de familiares y allegados», se asevera en un tuit.

Hasta mediados de 2021, 44.290 personas, pertenecientes a 15.340 familias tuvieron que desplazarse de sus viviendas en Colombia.

En las últimas décadas, desde 1985 hasta 2019, el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene un acumulado histórico de casi 8 millones de desplazados en el país suramericano. Según la Organización de Naciones Unidas, se trata de la mayor cifra de desplazamiento interno en el mundo.

La situación «desborda» a las autoridades

La Defensoría afirma que ha participado en los consejos de seguridad en Tame, Saravena y Arauca; en los Comités Extraordinarios de Justicia Transicional en Tame y Saravena, y que ha brindado «acompañamiento constante a las comunidades para velar por la garantía de sus derechos humanos».

En su reporte pide «activar planes de contingencia y convocar a Comité Departamental Ampliado y Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, para que se establezcan las medidas para la protección y garantía de derechos humanos de la población».

Del mismo modo, recuerda que en 2019 emitieron su alerta 029, en la que se «advierte explícitamente sobre la posible confrontación de estos actores armados«, y alertan que «la situación desborda las posibilidades de las autoridades».

«Hermetismo»

En una nota de El Espectador se habla del «hermetismo» de las autoridades locales del Arauca sobre lo ocurrido y el detalle de las medidas del Gobierno, que anunció que destinaría dos batallones «para apoyar la tarea de control territorial».

En una entrevista para ese medio, Mayerly Briceño, líder juvenil de Tame, se refiere a un tema recurrente en las zonas donde persiste el conflicto armado en Colombia: la ausencia del Estado. En su opinión, en vez de la militarización como respuesta, se necesita «una presencia del Estado real».

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Según Confidencial Colombia, entre las peticiones que han hecho algunos habitantes de de esos municipios, que se ha movilizado para pedir el cese de las hostilidades, se encuentran:

• Elreforzamiento de la seguridad en esas áreas.
• Apertura de espacios de diálogo con los actores del conflicto armado, bajo la supervisión de organismos nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Poner en marcha acciones y políticas públicas para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria a los desplazados.

En un comunicado, el movimiento Defendamos la Paz también consideró que la «delicada situación» en el Arauca «reafirma una vez más la importancia de un proceso de paz con el ELN» y «el tratamiento a las disidencias de las FARC, que han persistido en su acción armada».

El Gobierno de Iván Duque rompió las negociaciones con el ELN, luego que de este movimiento guerrillero se atribuyera un atentado a una escuela de cadentes, en 2019. «Arauca solo encontrará un camino de convivencia y democracia de calidad, si se construyen acuerdos para dejar atrás cuatro décadas de conflicto», dice el texto publicado en su cuenta de Twitter.