El Gobierno venezolano anunció que desplegará sus fuerzas militares y responderá «contundentemente ante cualquier agresión» a su soberanía, luego de que Colombia le acusara de dar protección a los grupos armados ilegales que estarían relacionados con el asesinato de 23 personas en varios municipios fronterizos del departamento colombiano del Arauca, el fin de semana pasado.

Desde Bogotá, se informó el desplazamiento de dos batallones a la zona fronteriza, según adelantó el presidente Iván Duque. Tanto el mandatario como su ministro de Defensa, Diego Molano, se refirieron a la supuesta vinculación de Caracas con los hechos que se registraron en los municipios colombianos de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, a pesar de que ya en 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana por violencia «estructural» en la zona.

En menos de 24 horas fueron asesinadas más de veinte personas y tuvieron que desplazarse de manera forzada por lo menos doce familias. En un primer comunicado, el Ejército colombiano atribuyó lo ocurrido al enfrentamiento entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el «control de las economías ilícitas«.

«La protección» de Maduro

Al término de una reunión de seguridad, en la ciudad de Cartagena, el mandatario colombiano dijo que había instruido a Molano para que aumentara «la capacidad de Fuerza Pública» en Arauca y ordenó el desplazamiento en las próximas 72 horas de dos batallones «para apoyar la tarea de control territorial».

Duque aseveró que fortalecería la «inteligencia y contrainteligencia» en el Arauca, que ampliaría «la capacidad de supervisión helicoportada y aerotransportada» y que usarían drones para el patrullaje en la zona.

Este reforzamiento de la vigilancia lo relacionó con su señalamiento sostenido de la supuesta protección de Caracas a los grupos armados ilegales colombianos, sin que su Gobierno haya presentado pruebas al respecto. Estas acciones, según dijo Duque, tienen el objetivo de hacer seguimiento de los puntos en los que presuntamente operan.

«El mensaje es claro: vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con total contundencia en el territorio, y estaremos denunciando también la connivencia y la protección que les ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales», agregó el mandatario colombiano.

Por su parte, el ministro de Defensa afirmó en un tuit que nuevamente se demostraba «cómo actos criminales al otro lado de la frontera afectan la tranquilidad en Colombia» y aseveró que la disputa entre organizaciones ilegales, que causó la muerte de 23 personas, «se está dando en Venezuela entre la alianza del ELN y la Segunda Marquetalia [grupo disidente de las FARC liderado por Iván Márquez, prófugo de la Justicia colombiana] contra disidencias de FARC».

Venezuela «eleva nivel de alerta»

En una serie de trinos, de titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desestimó las acusaciones de Colombia e informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en los municipios venezolanos del estado Apure, fronterizo con el departamento del Arauca, y que «ha elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión» a la soberanía de su país.

En sus tuits, Padrino López se preguntó cuáles eran las razones por las que Bogotá acusaba nuevamente a Venezuela de estar detrás de las acciones violentas, sin presentar sustento para esas afirmaciones.

«¿Otra vez? Duque, el peor presidente de Colombia, crea ‘fuerzas de élite’, envía batallones a la frontera, ordena operaciones aerotransportadas, despliega drones, etc; mientras emite un panfletario informe para disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca», escribió el titular de Defensa venezolano.

En su opinión, «seguir señalando a Venezuela de la violencia», que se ha extendido por décadas en Colombia, no exculpará a la clase política gobernante de ese país «hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social».

¿Cuál es la situación en Arauca?

En su reporte más reciente, la Defensoría del Pueblo informó que hasta ahora hay 23 personas asesinadas «como consecuencia de la confrontación entre grupos armados ilegales con presencia en esa región». De esa cifra, 17 cuerpos están en la morgue de Saravena y seis en Tame.

Hasta el momento, 12 familias han sufrido desplazamiento forzado (seis en Saravena y otras seis en Tame).

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recordó en un tuit que el organismo que dirige emitió el alerta temprana 029 en 2019 para advertir sobre los homicidios en Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, además del «riesgo de amenazas y retenciones ilegales, reclutamiento de niños y adolescentes y desplazamiento forzado».

La situación de mayor tensión en la zona limítrofe entre ambos países se vivió en Apure, fronterizo con el Arauca, entre marzo y abril de 2021, cuando se registraron varios combates entre el Ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que dejaron bajas de ambos lados y un grupo de desplazados que cruzaron a Arauquita. En esa oportunidad, Caracas señaló a Colombia de «exportar» el paramilitarismo a su territorio.

La tensión que se ha generado entre ambos países tras los enfrentamientos en la zona fronteriza con Venezuela ocurre a cinco días de que se realice la repetición de las elecciones para gobernador en el estado Barinas, a unas dos horas de Arauquita, y fronterizo con Apure.

Si bien en 2021 hubo varios hechos de violencia en el Arauca, la hostilidad en la zona es de vieja data. En una publicación de la ONG colombiana Crudo Transparente se afirma que allí, al igual que en otras regiones del país, «ha existido un grave y prolongado conflicto armado«, caracterizado por la disputa por «el control de las rentas petroleras» entre grupos ilegales organizados y redes de corrupción, desde los años 80. Sin embargo, aunque este sería el «fin inicial», el acceso a los recursos naturales es «un medio que les permite perpetuarse, prosperar y expandirse territorialmente».