A través de un comunicado, el Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado el «secuestro» del diplomático Alex Saab, por parte del «Gobierno de EE.UU. en complicidad con autoridades de Cabo Verde».

La declaración se produce tras la extradición del diplomático realizada esta jornada por parte de las autoridades de Cabo Verde a EE.UU. donde se enfrentará a un juicio en un tribunal de Florida.

El Gobierno venezolano asegura que las autoridades del país africano «torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente» a Saab durante 491 días, sin una orden de captura, «violando las leyes del país y la Convención de Viena, un delito condenado por la ONU y varios países del mundo».

Asimismo, responsabilizan a las autoridades caboverdianas y al Gobierno estadounidense «por la vida y la integridad física» del diplomático, quien es representante del Ejecutivo venezolano en la Mesa de Diálogo con la oposición desarrollada en México.

El comunicado concluye con un agradecimiento a la solidaridad del «pueblo de Cabo Verde y a la comunidad de países africanos y movimientos sociales de EE.UU. y el mundo, quienes han levantado su voz en repudio de este delito» contra la «dignidad de este hombre inocente».

El caso Saab

Rusia tacha de «políticamente motivado» el caso del diplomático venezolano Alex Saab

Alex Saab ha permanecido detenido bajo arresto domiciliario en Cabo Verde desde 2020, mientras hacía una parada técnica, pese a su condición diplomática de enviado especial de Venezuela, después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, acusado de supuestamente tener «contratos sobrevalorados» para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Nicolás Maduro se «beneficiara significativamente» de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En una entrevista con RT en febrero pasado, Saab indicó que el proceso en su contra ha estado lleno de irregularidades, comenzando por haber sido «detenido ilegalmente».

Mientras que el Gobierno de Venezuela sostiene que el presunto entramado judicial es una pieza más de las agresiones de Washington contra el país sudamericano.