El Gobierno venezolano emitió este jueves un comunicado en el que calificó de «atropellada» la convocatoria fijada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el próximo 25 de enero, con el objetivo de que Guyana y Venezuela presenten alegatos sobre la disputa que mantienen por el territorio Esequibo.

Caracas considera que la proximidad de la fecha no le proporciona «el tiempo necesario para realizar las consideraciones y consultas que el Estado venezolano demanda, antes de asumir una posición ante un tema de vital importancia».

Al final del texto, Caracas advierte que el desconocimiento de «las razones de peso» que ha expuesto podría considerarse como «un mal indicio» para la «preservación de los derechos de ambas partes», conforme a los establecido en la Carta de la Naciones Unidas.

Solicitud anterior

Días atrás, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le envió una carta al presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, donde le pedía la postergación de la audiencia y la realización de una reunión «de forma presencial» para abril próximo. Previamente, había solicitado posponer la fecha del 15 de enero, por las mismas razones.

En esa oportunidad, el mandatario expresó sus dudas sobre la premura de la cita y calificó la actuación de la Corte de «exabrupto extraño y sospechoso», debido a que en otros casos similares los lapsos tienen mayor laxitud.

En opinión de Maduro, la reunión podría haberse adelantado por las presiones de las transnacionales petroleras, que «quieren apoderarse de la fachada atlántica venezolana».

Las 10 claves para entender la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo

En esa misma línea, el presidente venezolano decretó la conformación de un nuevo territorio marítimo en la fachada atlántica para salvaguardar los espacios de su país y convocó a los Consejos de Estado y Defensa a sesión permanente.

Hace más de un mes, el pasado 18 de diciembre, la Corte se declaró «competente» para juzgar controversia territorial entre ambos países. Venezuela rechazó esa decisión por considerar que no se ajustaba a derecho.

El alto tribunal de las Naciones Unidas decidió que poseía autoridad jurídica para analizar «la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899», pese a que este fue declarado nulo tras el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, donde se establece una solución consensuada entre las partes.

En marzo de 2018, Guyana acudió de forma unilateral ante el máximo tribunal de la ONU para requerir que estudiara y resolviera el diferendo territorial que mantiene con Venezuela por el Esequibo.