Una organización de derechos humanos denunció que en noviembre se han presentado cinco casos de matrimonio infantil en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Región de La Montaña del estado de Guerrero, al suroeste de México.

El caso más reciente de violación a los derechos humanos, documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, fue el de Anayeli, una niña de 14 años de la comunidad de Joya Real que fue privada de su libertad y encarcelada tras intentar huir del acuerdo de matrimonio forzado que habían negociado sus familiares.

La menor de edad estuvo más de un día privada de su libertad sin agua ni comida, y fue gracias a la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que fue rescatada y puesta a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en la ciudad de Tlapa, según informó la organización en un comunicado de prensa publicado el miércoles.

El caso de Anayeli

La integrante del pueblo indígena Na Savi es una niña huérfana de padre que el pasado lunes 22 de noviembre iba a ser entregada a una familia de la comunidad de Joya Real, después de que un primo suyo negociara su casamiento forzado por unos 200.000 pesos (unos 9.756 dólares).

La menor pidió auxilio a su comunidad y terminó por refugiarse en casa de un vecino. La Policía Comunitaria de Joya Real fue a buscarla, pero en lugar de rescatarla, Anayeli fue encarcelada por las autoridades, según denunció el director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

«La ubicaron en la casa de un vecino, ella se fue a resguardar para evitar que se la llevaran y la obligaran a casarse», dijo el defensor de derechos humanos.

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La organización que documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas en las regiones de la Montaña y de la Costa Chica tuvo conocimiento de que las autoridades encarcelaron a Anayeli, al vecino que le dio refugio, al primo que negoció su venta y a un tío de la niña que le habría avisado sobre el eventual acuerdo de matrimonio forzado.

«La Policía Comunitaria de Joya Real lo que hizo fue buscar a la niña, porque como se escapó en el momento en que iban a entregar el dinero, tenían que dar con su paradero», dijo Barrera.

El caso de Anayeli demuestra que la práctica ilegal de venta de niñas continúa vigente en La Montaña de Guerrero.

El Centro Tlachinollan tuvo conocimiento de que el miércoles 24 de noviembre se realizarían varias fiestas en Joya Real por el casamiento forzado de otras cuatro menores de edad.

Estrategia contra la violencia de género

El pasado 10 de noviembre, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, estuvo en la ciudad de Tlapa para celebrar la firma de la ‘Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes’.

En su cuenta de Twitter, Salgado afirmó que se trataba de «un día histórico» para Guerrero porque las autoridades trabajarían en conjunto para «arrancar de raíz toda forma de violencia de género».

Pese al anuncio de una estrategia en la materia, el director de Tlachinollan apuntó que se trató de un «evento mediático», ya que como demostró el caso de Anayeli, continúa «esta práctica de la venta de niñas» en la entidad.

«No hay una acción de las instituciones para prevenir y para evitar que se consumen este tipo de alianzas matrimoniales, donde las niñas son las principales víctimas de esta práctica que se ha mercantilizado y ha denigrado la vida de las menores», lamentó Barrera.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lamentaron la «gran desatención» de las autoridades en los casos de matrimonios forzados. «Prevalece una visión machista en varios funcionarios municipales que llegan a justificar estas acciones ilegales«, denunció la organización.

Repercusiones de esta violencia

A nivel mundial, una de cada cinco niñas se casa o vive en una unión libre antes de cumplir 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

La agencia de Naciones Unidas explica que el matrimonio infantil es el «resultado nocivo» de las condiciones de pobreza y de desigualdad de género, y que tienen múltiples efectos negativos en la vida de las mujeres.

Las niñas y menores de edad que son víctimas del casamiento forzado «tienden a recibir un menor nivel de educación», ya que son obligadas a abandonar la escuela para hacerse cargo de las labores del hogar.

Por otra parte, UNFPA advierte que es frecuente que a estos casamientos «le siga un embarazo», lo que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Además, en muchas ocasiones, las niñas y menores de edad se ven expuestas a «infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH«.