Vanesa Gaytán Ochoa, de 25 años, contaba con medidas de protección por violencia familiar, cuando fue asesinada por su marido, Irwin Emmanuel Ramírez, de día y en plena calle en la ciudad mexicana de Jalisco.

Tan solo 12 días antes de su muerte, Ochoa, que tenía un hijo y había denunciado violencia constante por parte de su esposo, acudió en busca de ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres, como ya había hecho en otras 15 ocasiones.

Su asesinato ocurrió el 25 de abril de 2019. En un video, que circula por las redes sociales, se observa el momento en el que la joven fue atropellada por un coche cerca de la casa del gobernador de Jalisco, a donde llegó huyendo de su pareja que la perseguía.

Ochoa consiguió levantarse del suelo, pero su marido salió del carro y la atacó con un cuchillo. Un agente que se encontraba en el lugar disparó contra el agresor, quien después perdió la vida en una unidad médica de urgencias.

Múltiples omisiones

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha determinado ahora que no se aplicaron las medidas de protección adecuadas «en función de la violencia extrema que vivía la víctima».

«Se pasó por alto imponer medidas para salvaguardar su vida ante la vulnerabilidad en que se hallaba y que estas se cumplieran de inmediato«, destaca la CEDHJ en un informe, donde se hace hincapié en las «múltiples omisiones» de la carpeta de investigación abierta tras la denuncia presentada por la víctima.

La primera denuncia fue el 21 de septiembre de 2017. «Desde esa fecha, la agraviada había denunciado violencia constante en su contra por parte de su entonces esposo, acudiendo en 16 ocasiones a dicho centro [Centro de Justicia para las Mujeres], la última vez el 13 de abril de 2019, y, sin importar que fue atendida y que se dictaron tres medidas de protección, días después fue víctima de la agresión», subraya el documento.

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Según la CEDH, esto se traduce «en un incumplimiento en las obligaciones de proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia por parte de las y los servidores públicos que intervinieron en la investigación».

Entre las deficiencias encontradas en la investigación, la CEDH destaca que las autoridades ministeriales solicitaron de «manera reiterada que la víctima proporcionara testigos por cada denuncia presentada», así como entregar «oficios a instituciones públicas a pesar de conocer el riesgo y las circunstancias, incluso de aislamiento» en el que estuvo.

La comisión reitera que no se realizó adecuadamente la valoración de riesgo, ni el plan de emergencia. «No se llevó a cabo el monitoreo, actualización o modificación del plan de emergencia de la víctima de acuerdo a todos los acontecimientos de violencia que fueron narrados en los hechos que denunció», afirma.

Entre sus recomendaciones, la CEDH solicita al fiscal del Estado que resuelva los procedimientos de responsabilidad en contra de los agentes del Ministerio Público y policías involucrados, y la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.