En México, cada 14 horas la prensa sufre algún tipo de agresión. Pueden ser hostigamientos, amenazas o ataques físicos. O allanamientos, espionaje ilegal y desplazamiento forzado. En los casos más extremos hay torturas, desapariciones y asesinatos.

Así lo señala Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, y que este jueves presentó un informe que documenta el clima de violencia que enfrentan las y los trabajadores de prensa en el país más peligroso para ejercer este oficio.

La investigación revela que, durante el primer semestre de este año, se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La tendencia es creciente con respecto a pasados gobiernos, ya que cada vez aumentan más los casos de violencia letal, desplazamientos, estigmatización y ataques en línea. De hecho, uno de cada tres ataques ocurre a través de internet.

Durante este periodo ya fueron asesinados 12 periodistas, pero la organización investiga la muerte de otros seis comunicadores, ya que los crímenes podrían estar vinculados con su trabajo.

Además, hubo cuatro casos de desplazamientos, es decir, periodistas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia; y dos más que se exiliaron para proteger su vida.

A todo ello se suman los permanentes discursos contra periodistas y medios de comunicación que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza a diario desde sus conferencias mañaneras, y en las que descalifica toda crítica con adjetivos como «prensa conservadora», «vendida», «adversaria», «hipócrita» y «neoliberal».

La mayor parte de los ataques ocurrió en la Ciudad de México, en donde hace años se consideraba que los periodistas gozaban de mayor protección debido a la visibilidad que les otorga trabajar en la capital del país. Ya no es así. Yucatán, Michoacán y Tamaulipas son los otros estados en donde se registraron más agresiones.

Peligro

Las intimidaciones, el hostigamiento y el uso ilegítimo del poder público encabezan las agresiones, ya que acumulan 212 casos. Luego siguen los ataques a personas o a bienes materiales, el bloqueo o alteración de contenidos y el acceso ilegal a casas u oficinas.

La lista continúa con los asesinatos, allanamientos, detenciones, desplazamiento y remoción de contenido. Finalmente están las desapariciones, la vigilancia ilegal de comunicaciones, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la violencia se exacerbó en el país y convirtió a los periodistas en nuevas víctimas. Se generó entonces el prejuicio de que el crimen organizado era el principal responsable de los ataques a la prensa.

Pero los informes demuestran que los funcionarios públicos (es decir, el Estado) tienen un papel protagónico en la violencia hacia los periodistas, ya que de las 331 agresiones registradas en el primer semestre de 2022, 75 fueron perpetradas por funcionarios públicos; 45 por fuerzas de Seguridad civiles y ocho por las Fuerzas Armadas. Suman 128 ataques de agentes estatales, el 39 % del total, a los que se agregan 17 casos más en los que han estado involucrados partidos políticos.

El reclamo de una periodista a López Obrador desata un intenso debate sobre los «paleros» y el rol de los reporteros en México

Por el contrario, solo hay 30 casos en los que la responsabilidad recayó en algún grupo del crimen organizado.

Para Artículo 19, las cifras confirman que la violencia contra periodistas y medios no ha podido ser frenada.

«Al contrario, el aumento en la violencia letal habla de un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales la prensa ejerce su labor (…) enfatiza la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales han sido omisas e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia contra la prensa, la cual parecería es ya sistemática», advirtió.

En este contexto de graves violaciones de derechos humanos, sostiene el informe, es urgente que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones y tome acciones contundentes, a través de políticas públicas integrales en materia de libertad de expresión, combate a la impunidad y de acceso a la información en beneficio del ejercicio periodístico y por tanto de la sociedad y democracia.