«Un proyecto vanidoso»: Madrid pondrá en marcha el primer hospital de España especializado en pandemias frente a las críticas del sector sanitario
Mientras las cifras del coronavirus alcanzan dimensiones preocupantes en la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional avanza en la construcción del que será el primer hospital especializado en pandemias de España. Aunque, así explicada, la iniciativa presenta una lógica impecable, lo cierto es que el contexto del sistema sanitario de Madrid y las particularidades de su gestión política arrojan más sombras que luces sobre este proyecto.
El Hospital Isabel Zendal, llamado así en honor de la primera enfermera que viajó en una expedición internacional para la vacunación de la viruela, pretende aportar 1.000 camas a la red de hospitales de la región, 50 de ellas para cuidados intensivos (UCI).
Además «estará dotado de las tecnologías sanitarias más avanzadas y preparado para ser un nuevo centro de referencia en materia de enfermedades contagiosas«, según explican desde la Comunidad de Madrid, que ha adjudicado la construcción del nuevo hospital a 14 empresas del sector y a cuatro estudios de arquitectura.
Para acelerar la construcción de este nuevo y ambicioso centro médico se ha recurrido además a un innovador tipo de edificación aún poco frecuente en España, basada en el uso de módulos prefabricados.
La iniciativa fue orgullosamente anunciada a finales del pasado mes de julio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Incógnitas sin resolver
Sin embargo, el proyecto, que tiene un coste de 51,7 millones de euros, presenta todavía varias incógnitas que aumentan los recelos de sus detractores.
No está claro, por ejemplo, de dónde procederá el personal sanitario que trabaje en él. Desde la Consejería de Sanidad de la región se ha hablado erráticamente de médicos «voluntarios», y más tarde de médicos voluntarios pero remunerados. Pero lo cierto es que aún no se sabe qué tipo de contratación se efectuará para completar las plantillas necesarias ni si esos médicos y enfermeros tendrán que abandonar sus plazas en otros hospitales de la región, que se hallan gravemente infradotados de personal.
Tampoco está claro cuál sería el uso de este hospital una vez que se lograra superar la pandemia de coronavirus, por más que sus promotores políticos señalen su utilidad frente a «futuras epidemias».
En este sentido, la pregunta surge casi sola: ¿no sería mejor emplear los 51 millones de euros en mejorar la dotación de los hospitales que ya están en funcionamiento, mediante el saneamiento de sus estructuras y la contratación de personal suficiente?
«Inadecuado desvío de fondos públicos»
En un momento en que el sector sanitario del país, y en particular el de la región madrileña, estallan en protestas contra su precariedad laboral y contra la gestión administrativa del sistema de salud, la creación de este nuevo hospital y, especialmente, su presentación al público como una mejora decisiva en la respuesta asistencial al coronavirus está concitando más rechazo que aplausos.
La atención primaria atraviesa un momento de excepcional dificultad en España. Para hacerse una idea de la gravedad de la situación, tal vez baste el diagnóstico emitido por el Consejo General de Colegios Oficiales de España, que se refiere a una «atención primaria desbordada y al borde de la defunción«.
Es en este panorama crítico en el que la inversión de más de 50 millones de euros en la construcción de un nuevo hospital se percibe como un «inadecuado desvío de fondos públicos que no podrán ser utilizados para otras necesidades, éstas sí urgentes y perentorias, para salvaguardar la salud de todos los madrileños, en los centros hospitalarios, de atención primaria y atención sociosanitaria», tal como denunció la Asociación Madrileña de Enfermería (AME) el pasado mes de julio.
«Mercantilización y gasto inútil»
En términos similares, e incluso más duros, se expresa al respecto Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca. «Este es un proyecto vanidoso, publicitario, es un ‘tic’ más de mercantilización y gasto inútil para ayudar a las constructoras y a determinados elementos empresariales«, asegura.
Su organización denuncia que el nuevo hospital «no tiene ninguna funcionalidad que sea realmente necesaria», y que en cambio va a redundar «en un endeudamiento mayor de las cuentas públicas«. Desde MEDSAP-Marea Blanca acusan al Ejecutivo regional madrileño de «detraer el dinero que debería ir a todos esos hospitales que están necesitados de apoyos, de medios y de ayudas» para funcionar de manera eficaz frente a la actual crisis sanitaria.
«El dinero que nuestros impuestos aportan a la sanidad pública debe ir a esos centros médicos y a la atención primaria», insiste Esbrí.
«Si carecemos de personal sanitario, no se puede estar divagando con estas construcciones faraónicas, desbocadas y atrevidas», continúa la portavoz, que recalca que «no se está dotando de personal a centros sanitarios que están muy diezmados».
«¿De donde van a sacar los ‘voluntarios’? ¿Los van a sacar a tortazos de la atención primaria?», ironiza al respecto.
Esbrí cuestiona profundamente la utilidad del futuro hospital, al asegurar que «no va a servir para ayudar, sino más bien para multifragmentar y fomentar nuevamente el caos, mientras continúan cerrados muchos centros de atención primaria y de urgencias». «Solo servirá para hacer publicidad y para aparentar que se hace algo«, concluye.
Está previsto que el nuevo hospital se ponga en funcionamiento en el próximo mes de noviembre, para entrar en combate contra la segunda oleada de coronavirus que afecta ya a toda España, y con especial virulencia a la región de Madrid, el territorio más afectado por la pandemia en toda Europa.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo regional tratan de contener la preocupante expansión del virus aplicando restricciones parciales de movilidad, que afectan solo a determinados distritos de la capital y a las localidades circundantes. El Gobierno central del país considera que la medida es insuficiente, en una discrepancia entre administraciones que ya forma parte de la ‘nueva normalidad’ en España.
David Romero
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