Organizaciones ambientalistas de Argentina están en alerta por el avance de un proyecto de exploración sísmica y explotación petrolera en el fondo del océano Atlántico, debido al peligroso impacto ambiental que tienen estas actividades, principalmente en la fauna marina.

Entre 2017 y 2019, el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri comenzó a entregar permisos para que empresas de hidrocarburos puedan operar sobre más de 1 millón de km2 del mar argentino, para la búsqueda de petróleo y gas hasta el año 2025.

Para ello, en febrero de 2019 la compañía noruega Spectrum fue autorizada a realizar varias actividades exploratorias, como la adquisición de datos sísmicos marinos 2D y 3D, mediante temblores artificiales de tierra a través de explosivos que causan ondas bajo el agua, así como operaciones geoeléctricas y geoquímicas.

Una vez confeccionado el mapa de las posibles áreas ricas en petróleo, se abrió la licitación, que atrajo el interés de empresas como Qatar Petroleum, Equinor, ExxonMobil, Total, la compañía de bandera YPF, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, Mitsui, British Petroleum, ENI y Tullow.

Los movimientos ambientalistas denuncian que no hubo ninguna instancia pública para activar el proceso porque se hizo a través de una resolución ministerial, y tampoco se realizaron estudios de impacto ambiental.

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, explica en diálogo con RT que la sísmica es «básicamente un bombardeo» que se hace con cañones submarinos de aire comprimido, de manera constante cada 10 segundos, durante cuatro meses seguidos.

«El sonido es muy potente, viaja por el agua hasta el fondo, se refleja y el barco que lleva estos cañones tiene un sensor que capta todo esto, y después hacen mapas específicos donde se puede observar dónde podría haber reservas de hidrocarburos», señala la activista. Y advierte que estas prácticas ponen en peligro a todas las especies de la región como la ballena franca austral, el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos.

Así es como se hizo la licitación pública sobre un total de 18 bloques de zonas potencialmente productivas. Tres de ellos (el 100, 108 y 114) se adjudicaron a Equinor (Noruega), que quiere comenzar a operar. La semana pasada, se realizó la primera audiencia pública que establece la ley 3/2019 de Procedimientos de evaluación de impacto ambiental, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Una audiencia con rechazo mayoritario

De manera virtual, participaron unas 500 personas, entre miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y del sector petrolero. De unos 350 expositores que hubo en la audiencia, 333 se expresaron en contra del proyecto.

Este medio contactó al Ministerio de Ambiente que dirige Juan Cabandié para conocer cuál es la posición oficial del actual Gobierno sobre el desarrollo de estas actividades y su impacto ambiental en las costas de Argentina, pero señalaron que por el momento no hay una respuesta. Lo que sí dejaron claro tras la audiencia, es que no se aprobarán más permisos para la exploración petrolera hasta que no se defina cuál será el plan de descarbonización de Argentina, en el marco de la transición energética a la que se ha comprometido el país para 2050.

Por el momento no se han realizado a nivel local estudios que permitan saber cuáles podrían ser esos impactos ambientales, pero Vueso sostiene que sí los ha habido en otros países, y que existen antecedentes previos en el país que dan cuenta del daño que provocan esas explosiones en el ecosistema submarino, y también en las personas que necesitan de una costa sana como medio de vida.

Esto, además del desastre que provocan los derrames de petróleo sobre los océanos.

«En 2009 se hizo sísmica en el golfo de San Jorge, en la Patagonia argentina, y los pescadores artesanales de la costa no pudieron pescar por 16 meses, porque esa es la zona donde se reproduce la merluza. El Gobierno los tuvo que subsidiar», dice Vueso.

«También las ballenas desaparecieron de la zona. El Museo Educativo Patagónico, que hace 20 años que hace monitoreo de la repoblación de ballenas en el golfo de San Jorge, detectó que no hubo en 2010 ninguna ballena, ninguna madre con cría, que son las que suelen ir ahí a buscar refugio. Y en dos o tres años no volvieron a aparecer«, señala la ambientalista.

Eso también tiene un impacto turístico, porque mucha gente suele visitar estos lugares para verlas, pero ya no están. Asimismo, parte de la plataforma afectada se encuentra justo frente a la ciudad de Mar del Plata, emblema del turismo playero bonaerense. Si ocurriera allí un derrame como el registrado en el Golfo de México en 2010, las consecuencias serían ruinosas.

«No hay manera de mitigar el impacto ambiental que generará esta futura explotación petrolera —dice Luisina Vueso—. Si las políticas públicas de nuestro país se van a supeditar a esta necesidad que tenemos de reducir emisiones, de tener un horizonte de transición energética, no se debería avanzar».

Para la especialista, «es un sinsentido que estemos hablando de comprometernos con el tratado de París, a reducir nuestras emisiones y llegar al 2050 neutros en carbono, mientras se llevan adelante estas actividades».

Quien decidirá sobre el avance o no de las operaciones petroleras en el mar argentino será la Secretaría de Energía, si es que el Ministerio de Ambiente avala el informe sobre impacto ambiental que todavía no está listo.

Emmanuel Gentile

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