El fotoperiodista español y premio Pulitzer en 1995, Javier Bauluz, ha sido sancionado con dos multas que suman 960 euros cuando intentaba fotografiar a los migrantes que llegaban en patera a las islas Canarias.

El incidente tuvo lugar en noviembre de 2020 mientras el fotoperiodista cubría el desembarco de varias personas que habían sido rescatadas en alta mar. Cuando se encontraba en el puerto, dos agentes de la Policía Nacional le instaron a alejarse del lugar.

Uno de ellos le agarra del brazo, como se puede apreciar en las imágenes que el propio Bauluz ha difundido. Entonces él se zafa de ese agarre y se produce un intercambio verbal.

Más de un año y medio después, el profesional de la información ha recibido dos sanciones, por falta de respeto a un agente y por negarse a identificarse, en virtud de la conocida como ‘ley mordaza’, una normativa que habilita a la Policía a imponer sanciones sin contar con tutela judicial con la única prueba del testimonio policial.

Bauluz siempre ha rechazado que se negara a ser identificado y ha criticado reiteradamente el uso dado de la ‘ley mordaza’. «Sin derecho a juez, testigos, pruebas. Indefensión = 1.000 euros», tuiteaba este lunes.

También durante este tiempo el fotoperiodista ha narrado los impedimentos con los que se enfrentó la prensa para dar cobertura a la crisis migratoria vivida en aquella época en las islas Canarias, cuando hasta 3.000 migrantes llegaron a encontrarse hacinados en unas instalaciones insalubres en el Puerto de Arguineguin.

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El profesional relata cómo las autoridades alejaban a los medios hasta 200 metros, tratando de impedir que se diera a conocer a la opinión pública lo que estaba sucediendo. Aún así, Bauluz ha publicado este año un libro, titulado ‘La Ruta Canaria’ y financiado por ‘crowdfunding’, con las imágenes que tomó durante los siete meses de cobertura de esa crisis.

Una promesa de campaña

Tras la notificación de las multas, el periodista ha recibido multitud de muestras de solidaridad, entre las que destaca la de Amnistía Internacional. «La ley mordaza es una grave amenaza para la libertad de expresión y la libertad de información. La labor de periodistas como Javier Bauluz es fundamental para documentar vulneraciones de derechos», decía este lunes la organización.

Las infracciones contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, nombre oficial de la normativa, contempla multas que van desde los 100 hasta los 600 euros en los escalones más leves, pero que pueden ser mucho mayores. Entró en vigor en 2015 con el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, con la intención de desincentivar las protestas que se sucedían por todo el país al calor de los duraderos efectos de la crisis económica de 2008.

De hecho, la derogación de esta normativa fue una de las promesas de campaña de Pedro Sánchez antes de llegar a la Presidencia. Sin embargo, cuatro años después de que fuera nombrado presidente del Gobierno la normativa sigue en vigor y continúa el debate en el seno del Ejecutivo bicolor sobre la oportunidad de derogarla o solo eliminar los elementos más lesivos.