Un muerto, decenas de heridos, marchas, enfrentamientos, bloqueos, la suspensión en las exportaciones de alimentos para garantizar el abastecimiento interno y denuncias de intento de un golpe de Estado es el saldo que ha dejado en Bolivia el paro indefinido que el sábado pasado inició el departamento de Santa Cruz y que se ha convertido en una de las crisis políticas más graves del Gobierno de Luis Arce.

El presidente convocó para mañana a un encuentro plurinacional con autoridades de todo el país y rectores universitarios para tratar de encontrar una solución al conflicto, pero Luis Fernando Camacho, el gobernador ultraderechista de Santa Cruz, que es el departamento más rico de Bolivia, ya rechazó cualquier tipo de diálogo.

Mientras el conflicto parece no tener una pronta resolución, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, ya reveló que la huelga ya ha dejado pérdidas por 200 millones de dólares y que los principales afectados son los pequeños productores y comerciantes.

La tensión comenzó cuando el Gobierno anunció que el censo nacional, que estaba previsto para este año, se postergaría para 2024, pero Camacho y otros gobernadores opositores al Movimiento al Socialismo (MAS) exigen que se realice en 2023, ya que los datos poblacionales son cruciales para el reparto de fondos públicos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El debate fue escalando de manera inesperada, hasta que Camacho amenazó con que, si Arce no cedía, Santa Cruz comenzaría un paro indefinido el 22 de octubre, lo que afectaría la economía de todo el país.

Y cumplió. El sábado pasado comenzó la huelga general y esa misma noche hubo protestas en Santa Cruz que derivaron en enfrentamientos en los que murió Pablo Taborga, un hombre que salió a manifestarse en contra del paro.

Crispación

Desde ese día, las hostilidades continúan. En las calles del departamento en huelga el paso está bloqueado con llantas y palos y los mercados lucen vacíos, salvo en los horarios en las que el Comité pro Santa Cruz permite que se abran para que la gente vaya a abastecerse. Solo les permiten ir a pie o en bicicleta, no en autos ni camionetas.

El miércoles, la violencia volvió a estallar pero ahora en La Paz, en donde opositores a Arce realizaron la ‘Marcha de la paceñidad por la paz, la unidad y el censo 2023’ y se enfrentaron con piedras y palos a simpatizantes del Gobierno. El saldo fue de una veintena de heridos.

Durante la misma jornada, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció la suspensión temporal de la exportación de la soya, azúcar, aceite y carne de res para evitar problemas de abastecimiento interno, lo que de inmediato generó reclamos de los productores.

Además, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, alertó sobre un inminente desabastecimiento de diésel y gasolina a nivel nacional.

Intransigencia

Antes de que se iniciara el paro, el Gobierno convocó el pasado 11 de octubre a una mesa de diálogo a la que no acudió ninguna autoridad de Santa Cruz, por lo que el viceministro de Planificación, David Guachalla, reiteró su llamado a que el gobernador depusiera «esas actitudes de intransigencia».

Pero Camacho, quien fue uno de los principales impulsores del golpe de Estado que Evo Morales sufrió en 2019, no cede. Ya ha rechazado todas las propuestas que Arce ha presentado, como firmar un decreto presidencial para dejar abierta la fecha del censo hasta que se llegue a un acuerdo entre todos los sectores, o que la fecha sea definida por universidades y organismos internacionales.

El gobernador tampoco irá mañana al diálogo convocado en Cochabamba porque considera que debería haberse realizarse en Santa Cruz, origen del conflicto, y con intermediación de la Iglesia católica, lo que implica imponer sus condiciones a Arce.