El Congreso mexicano se ha retrasado más de ocho años en la emisión de una Ley General de Aguas, como lo dispuso la publicación de una reforma al artículo cuarto de la Constitución que garantizó el derecho humano al agua en la nación latinoamericana.

Así como el Poder Legislativo incumplió en febrero de 2012 con su obligación de emitir una nueva ley en un plazo de 360 días, el derecho de los mexicanos para acceder al agua es, en los hechos, una frase textual que se mantiene ajena a la realidad de millones de personas.

Aunque los recursos naturales sobran en el territorio, 8,4 millones de hogares tienen un acceso limitado al agua. Estas familias mexicanas pueden hacer uso de este derecho humano cada tres, siete días o «de vez en cuando». Además, más de 400.000 viviendas dependen de una llave de uso público, mientras que 1.606.301 domicilios se abastecen del agua de camiones cisterna o extrayéndola directamente de pozos, ríos, lagos, arroyos, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las causas de la crisis hídrica

Para Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Ley de Aguas Nacionales actual —que entró en vigor en 1992 durante el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)— privilegió a los intereses privados y provocó el descuido de la gestión de este líquido vital.

Esta política privatizadora tuvo como resultado sequías, carencias en el acceso al agua y una sobreexplotación de los recursos que vemos hoy en día. En suma, una verdadera crisis hídrica con resultados tan desastrosos como los casos de muertes por deshidratación registradas en la Sierra Tarahumara; o enfermedades, como el cáncer, que son generadas por beber aguas contaminadas.

Las últimas dos semanas de agosto, mientras los huracanes Grace y Nora entraban por las costas de México, 145 municipios presentaban sequía y otros 320 estaban anormalmente «secos», de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, de los 653 acuíferos que hay en el territorio, 157 están sobreexplotados, es decir, que la extracción del agua excede a la recarga en un 10 %, según los datos más recientes de Conagua.

Es en este contexto que Moctezuma Barragán ha expuesto las principales razones que explican la particular crisis hídrica que vive México.

• Una distribución inequitativa del agua.
• La imposición de megaproyectos hidráulicos,como presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadoras y acueductos.
• El florecimiento de la megaminería que envenena la tierra, ríos, acuíferos.
• Los permisos de fracturación hidráulica —’fracking’— para la extracción de hidrocarburos no convencionales, que tienen repercusiones en la disponibilidad de agua y en la contaminación del subsuelo.
• La priorización de la agroexportación en gran escala. Estas grandes empresas obtienen subsidios, venden sus concesiones, controlan distritos de riego, despojan a pequeños ejidatarios y sobreexplotan los acuíferos.
• El auge de grandes embotelladoras y cerveceras que, en muchos casos, terminan pagando «precios irrisorios» por metro cúbico de agua.

«Hay problemas graves de distribución, no se ha invertido en infraestructura y lo que se ha invertido ha sido para favorecer megaobras, de las cuales hacen grandes negocios las transnacionales», dice Moctezuma Barragán en entrevista con RT.

Concesiones privadas

El doctor en Planeación y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales y Ambientales de la Universidad de Liverpool da como ejemplo el número de concesiones de agua otorgadas en los últimos 29 años.

«En 1992, en que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, había poco más de 2.000 concesiones. En cambio, de 1992 a la fecha, ya se han subido de una manera trepidante hasta las 550.000 concesiones«, refiere Moctezuma Barragán.

Algunas de estas concesiones a intereses privados se han realizado en acuíferos que terminan por ser sobreexplotados.

Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Además, Moctezuma Barragán señala que al fenómeno del «sobreconcesionamiento» se le suma que ahora se deben perforar pozos más profundos, que lo único que ocasionan es que el líquido extraído contenga metales como arsénico, plomo y flúor.

Esto resulta en que «gran parte de las aguas de uso doméstico ya no son consumibles, y esto ha propiciado la privatización del agua por la vía de comprar botellitas de compañías que se benefician por pagar precios irrisorios por el metro cúbico de agua», apunta el académico de la UAM.

Los recursos invertidos a la infraestructura de agua potable y saneamiento municipal, que según el académico es de unos 2.500 millones de pesos anuales, contrastan con lo generado por las compañías refresqueras, que obtienen en ventas más de 70.000 millones de pesos.

Iniciativa ciudadana

La pandemia del covid-19, la sequía extrema que se vive en el territorio y el cambio climático han hecho indispensable transformar el uso humano del agua.

En este escenario, la ‘Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida’ —una iniciativa conformada por más de 80 organizaciones sociales de 28 estados—, tiene una propuesta radical para hacer frente a la crisis hídrica que vive México.

El colectivo, del que forma parte Moctezuma Barragán, elaboró la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA), una propuesta para cambiar el paradigma extractivista actual de gestión del recurso por uno enfocado en manejar los «ciclos vitales desde la población en el territorio». Esto implica enfocar los esfuerzos nacionales en la regeneración, aprovechamiento, tratamiento y reúso del vital líquido en una lógica de derecho humano al agua, explica el académico.

Propuestas de gestión del agua

Desde la ‘Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida’ prepararon la ICLGA, con el objetivo de que sea aprobada por el Congreso mexicano. La iniciativa contempla las siguientes propuestas:

• La formación de Consejos de Aguas y Cuencas para coadministrar el agua en el territorio; defender el derecho humano; aprobar las eventuales obras hidráulicas, con fundamento en planes consensados; reorientar el sistema de concesiones.
• Los 32 Consejos Regionales (uno por cada estado del país) tendrían a su cargo la elaboración de Planes Rectores Vinculantes, los cuales contendrían la guía sobre el monitoreo y restauración del caudal ecológico; la puesta en práctica de medidas frente a inundaciones, sequías y cambio climático; la implementación de acciones para la sustentabilidad alimentaria; la eliminación progresiva de la contaminación; así como el diseño y planificación para conservar los sistemas hídricos que garanticen el acceso universal y equitativo a los servicios de agua y saneamiento.
• Las Defensorías del Agua, que estarán formadas por especialistas legales para litigar o para asesorar demandas estratégicas contra grandes concesionarios que violan las normas, haciéndoles responsables de resarcir los daños en los ecosistemas y las poblaciones afectadas.

Declaran primera escasez grave de agua en el mayor embalse de EE.UU. (y afecta también a México)

• Las Controlarías Sociales Autónomas compuestaspor ciudadanos y que deberán encargarse vigilar que se cumpla la ley, así como los planes y programas gubernamentales.
• El reconocimiento a los Sistemas Comunitarios de Agua, que hace referencia a que las propias comunidades rurales sean las encargadas deconstruir la infraestructura y gestionar el agua. Según datos de Moctezuma Barragán, ya existen 30.000 a lo largo del territorio.
• Un Fondo para el Derecho Humano al Agua que permitirá que las comunidades vulnerables cuenten con recursos para la instalación de infraestructura de captación de agua, retención y distribución.
• La participación ciudadana en los Consejos de Administración de los organismos municipales de agua potable y saneamiento.
• El combate a la minería tóxica y al fracking, que de acuerdo con el académico de la UAM, «están haciendo estragos con los acuíferos y con los cuerpos superficiales del país, sobre todo en el norte» del territorio.

Durante la LXIV legislatura del Congreso mexicano, la ‘Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida’ intentó infructuosamente impulsar la discusión de su iniciativa ciudadana.

Ahora que está en curso la LXV legislatura, desde el colectivo insisten en que continuarán empujando proyectos locales de mejora en la gestión del agua, con un elemento central: «Dejarle a los ciudadanos jugar un papel. Si le dejamos esto a los políticos nos vamos a morir de sed», concluye Moctezuma Barragán.

José Beltrán Contreras

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