Uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa era un soldado infiltrado por el Ejército. Algunos estudiantes podrían haber estado con vida cuatro días después del secuestro. Funcionarios de todos los niveles y miembros de organizaciones de narcotráfico participaron en la desaparición. Las víctimas fueron dividas en varios grupos criminales y a las autoridades solo les interesó cerrar la investigación con una falsa narrativa.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas.

Después de tres años de trabajo, cientos de órdenes de peritajes, detenciones y entrevistas, confirmó que fue un crimen de Estado y que las víctimas ya no son buscadas con vida.

El documento principal tiene 96 páginas, pero hay decenas que están subrayadas en negro porque contienen información clasificada.

Aparte, hay ocho anexos que, en miles de cuartillas, detallan las fichas de búsqueda, las bitácoras de campo, los reportes de cada operativo, las reuniones de trabajo de la Comisión, los informes de los encuentros con los familiares y con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la asistencia técnica internacional y la atención que se ha dado a las víctimas.

La información se dio a conocer en medio de una fuerte expectativa, ya que aborda uno de los casos de desaparición forzada que más ha conmocionado a México y el de mayor repercusión internacional. Además, permite entender el grado de complicidad y de impunidad que existe, y que ha permitido que la vulneración de los derechos humanos continúe en un país que ya tiene más de 100.000 desaparecidos.

Promesa

También abre una puerta a las peticiones para que se haga justicia que desde 2014 llevan a cabo los familiares de los estudiantes de Ayotzonapa, ya que, apenas un día después de la presentación del informe, fue detenido Jesús Murillo Karam, el exprocurador que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto encabezó una investigación que estuvo plagada de irregularidades.

A ello se sumó la orden de detención de 83 personas involucradas en la desaparición, entre los que se encuentran militares, exfuncionarios, policías, políticos y miembros del crimen organizado.

La investigación es impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a que la verdad de lo que ocurrió se sepa antes de que finalice su Gobierno, en 2024.

Es lo que esperan los familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.

Los jóvenes, que estudiaban en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la Ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.

Meses más tarde, cuando el caso ya se había convertido en una de las peores crisis políticas para el expresidente Enrique Peña Nieto, su procurador general, Jesús Murillo Karam, aseguró que «la verdad histórica» era que algunos policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes, a su vez, los mataron y quemaron sus restos en un basurero.

Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de los cuerpos. En los años siguientes, se ratificó que en realidad había sido una «mentira histórica» con la que el Gobierno intentó cerrar la investigación.

Detalles

El informe del caso Ayotzinapa ofrece más precisiones sobre la causa a lo largo de cuatro capítulos que describen la búsqueda de las víctimas, los hallazgos, el «pacto de silencio» de todos los responsables, los obstáculos de la investigación, el contexto de la desaparición, la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales con los narcos y la cronología pormenorizada de los hechos.

Una de las sorpresas es la revelación de que el Ejército infiltró en 2012 al soldado Julio César López Patolzin en la Escuela Rural de Ayotzinapa. Desde ahí, informaba de lo que ocurría en las asambleas de los estudiantes, las marchas, los mítines, posibles vínculos con «grupos subversivos» de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad nacional.

A las 10:00 de la mañana del 26 de septiembre de 2014, envió un reporte a su superior, el teniente Francisco Macías Barbosa, para informarle de que los jóvenes tomarían camiones para ir a la Ciudad de México. Fue su último informe, ya que López Patolzin desapareció luego de la persecución y las autoridades no lo protegieron ni lo buscaron, como era su obligación.

Detienen en México al exprocurador Jesús Murillo Karam, artífice de la «verdad histórica» en el caso Ayotzinapa

«No obstante, aunque se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad, ni de búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos», señala el informe.

Otro dato que aporta el informe es que el 30 de septiembre, cuatro días después de la desaparición, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió una llamada anónima que aseguró que, por lo menos, seis estudiantes permanecían con vida y estaban secuestrados en una bodega.

«Es grande, de concreto, techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en Pueblo Viejo, entrando a la Colonia Guadalupe», aseguró el informante, quien dio precisiones para que los militares pudieran llegar. También aseguró que la custodia del lugar estaba a cargo de un hombre apodado El coronel.

Sin embargo, se desconoce quiénes podrían ser esos estudiantes, ya que los 43 fueron capturados y divididos en varios grupos gracias a la complicidad entre policías y narcotraficantes. Luego del secuestro, jamás volvieron a estar juntos.