La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes un informe sobre las violaciones a los derechos fundamentales durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 en Chile.

Según observó el organismo durante su visita en el lugar de los hechos entre el 25 y el 31 de enero de 2020, se produjeron cinco muertes por acción directa de los uniformados y otras 26 como resultado de la violencia durante las manifestaciones.

De acuerdo a la entidad, que responde a la Organización de los Estados Americanos, se registraron además cientos de heridos, en particular, con lesiones oculares.

La CIDH destaca en el informe que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.

«El accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana«, indica la comisión, que a la vez reconoce la existencia de «actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica».

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Más allá de esos excesos, la CIDH calificó los hechos como incompatibles con los estándares y obligaciones internacionales adoptados por Chile, y señaló que las demandas sociales que se produjeron en el país sudamericano se centraron en «el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas».

Entre las recomendaciones, se planteó garantizar el derecho a la protesta pacífica y restringir el porte de armas letales o menos letales por parte de los agentes de seguridad en las manifestaciones.

El informe de la CIDH se suma a los análisis ya presentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

En octubre de 2019 se inició en Chile una crisis social y política sin precedentes, durante la cual sucesivas y masivas movilizaciones con decenas de reclamos sociales pusieron en tensión el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera.

De hecho, la crisis ha llevado a Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e inclusive a llamar a un plebiscito para modificar la Constitución, vigente desde 1980, cuando aún gobernaba el país la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).