El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría ser acusado de hasta once delitos, entre los que se incluyen asesinato, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la salud pública, por su gestión de la pandemia. Así lo desvela el borrador del informe realizado por la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) que se presentará la próxima semana y que ha transcendido a los medios en las últimas horas.

El informe provisional, fruto de seis meses de investigación y que todavía puede ser modificado, dibuja un panorama en el que la negligencia, la incompetencia y el negacionismo anticientífico de Bolsonaro habrían sido la causa de la «estratosférica» mortalidad de la epidemia en Brasil, donde más de 603.000 personas han fallecido desde el inicio de la crisis sanitaria, en febrero del año pasado.

El senador Renan Calheiros ya había adelantado la semana pasada que tenían al menos 40 acusados y que se presentarían al menos 11 delitos para imputar al presidente, tal como refrenda el borrador:

• Epidemia con resultado de muerte.
• Infracción de las medidas sanitarias.
• Incitación al delito.
• Uso irregular de fondos públicos.
• Falsificación de documento particular.
• Curanderismo.
• Prevaricación.
• Genocidio de indígenas.
• Crímenes contra la humanidad.
• Crímenes de responsabilidad.
• Homicidio por omisión.

Entre los principales investigados se encuentran el exministro de Salud Eduardo Pazuello y su brazo derecho durante la gestión de la crisis del coronavirus, el coronel Élcio Franco.

¿Qué pasará con las conclusiones del informe?

El informe final de la comisión, que no tiene poder de denuncia, se presentará y votará la próxima semana en el Senado y será el Ministerio Público quien decida si presenta una denuncia formal ante el Poder Judicial. En el caso de Bolsonaro, las denuncias se presentarán ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, uno de los aliados del presidente y que cuenta con potestad para entablar acciones penales contra él.

Los desgarradores relatos de las víctimas del covid-19 en Brasil ante la comisión que investiga la gestión de Bolsonaro

Aras tendrá 30 días para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pero puede optar por archivar el caso. Algunos senadores han informado que para evitar que las denuncias caigan en saco roto también se presentarán ante un Tribunal de Cuentas, la Policía Federal y un tribunal internacional.

Los expertos concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con muchos apoyos en el Congreso y que será poco probable que las denuncias le afecten a nivel judicial. Lo que sí le perjudicará es en su ya desgastada popularidad, que se ha desplomado hasta mínimos.

Bolsonaro tiene la vista puesta en las elecciones de octubre de 2022, pero los sondeos sitúan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que todavía no ha presentado su candidatura, como favorito. Pero el daño a su imagen pública puede ser irreversible, más después de que este lunes familiares de las víctimas del coronavirus brindaran un crudo y emotivo testimonio la CPI.

Principales revelaciones de la CPI

Desde que se dio inicio a la CPI, el pasado mes de abril, han comparecido más de 60 personas, y a medida que los 11 senadores que integraron la comisión avanzaban en sus indagaciones fueron apareciendo nuevos casos. Estos son algunos de los principales temas que han sido investigados:

• Gabinete paralelo

El exministro de Salud, Henrique Mandetta, convertido en un gran crítico de las medidas Bolsonaro, fue el primero en denunciar la existencia de un gabinete paralelo. Se trata de un grupo que no tiene relación con el Ministerio de Salud y que asesoraba al Gobierno y apostaba por medicamentos sin eficacia científica comprobada contra el covid-19, como el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina.

• Colapso en Manaos

En pleno auge de la pandemia, Manaos, capital del Estado de Amazonas, sufrió en enero una grave crisis tras la falta de respiradores de oxígeno y murieron miles de personas. A pesar de estar al corriente de la situación, el Gobierno decidió no decretar la intervención federal.

• Vacuna Covaxin

Uno de los casos más destacados estos meses en la CPI ha sido el de las supuestas irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin, que nunca se llegó a efectuar. La Corte Suprema incluso ordenó investigar si el mandatario cometió prevaricación al no denunciar lo sucedido, ya que supuestamente estaba enterado.

En este contexto, también se denuncia la decisión «deliberada y consciente» de Bolsonaro de retrasar la compra de vacunas contra el coronavirus, que habría significado la muerte innecesaria de miles de ciudadanos, según el informe.

«La elección deliberada y consciente del Presidente de la República en la no adquisición de vacunas», dice el texto, «se basó en la creencia infundada en la tesis de la inmunidad colectiva por contaminación natural». Esta opción, según la investigación, «devaluó la vida humana y aceptó el resultado de la muerte de personas que se infectaron». «Las matemáticas en esta situación son claras: cuantas más infecciones, más muertes. Sin una vacuna, la mortalidad sería estratosférica, como así fue», concluye.

• Caso Prevent Senior

Un grupo de médicos denunció a la red hospitalaria Prevent Senior, que se encarga de la atención de ancianos, de sufrir presiones para recetar medicamentos sin eficacia científica comprobada sin el consentimiento de los pacientes y maquillar las cifras de fallecidos. Los profesionales aseguraron que el «gabinete paralelo» no solo tenía conocimiento de lo ocurrido, sino que acompañó de cerca las prácticas de la empresa. El caso está en investigación por la Fiscalía de Sao Paulo.