Casi dos semanas después de su detención, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue imputado por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantajes, en un controvertido caso judicial que ha provocado reclamos por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que consideran que se trata de un ataque a la libertad de prensa por parte del presidente Alejandro Giammattei.

Zamora, fundador y director de El Periódico, y uno de los periodistas más reconocidos y premiados de Guatemala, fue detenido el pasado 29 de julio en su casa. Como parte de la causa judicial también fue capturada Samari Carolina Gómez Díaz, exfuncionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a quien se le adjudican los delitos de revelación de información confidencial o reservada.

El juez Freddy Orellana confirmó el martes los procesamientos y los cargos, por lo que ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras se llevan a cabo protestas en el país y se intensifican las denuncias de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante el inicio de las audiencias, Orellana dio por probada la acusación de que, el pasado 19 de julio, Zamora quiso ingresar al sistema bancario 300.000 quetzales (38.000 dólares) de supuesta procedencia ilícita y para ello le pidió ayuda a Ronald Giovanni García Navarijo, un exgerente general del Banco de los Trabajadores que fue acusado de corrupción en 2017 y que hoy es el denunciante del director de El Periódico.

Lo que no ha quedado claro en la resolución es el papel que supuestamente jugó Gómez Díaz. «Los indicios tienen congruencia con el relato de la Fiscalía, hay una sospecha razonable de que participaron en esos delitos, hay que investigar pero siguen siendo inocentes, no están condenados«, advirtió el juez, quien también decidió que el periodista de 65 años debe permanecer preso mientras se lleva a cabo la investigación previa al juicio, porque si quedara en libertad pondría en riesgo «la obtención de la verdad».

Esto significa que Zamora y Gómez Díaz seguirán detenidos por lo menos hasta noviembre, que es la fecha que la Fiscalía ha informado que podrá tener lista su acusación.

Sin embargo, su permanencia en prisión podría alargarse debido a que Gómez pidió la recusación del juez por presunto conflicto de intereses, trámite que podría demorar más la causa.

Temores

La exfuncionaria judicial ha advertido que desconoce por qué está implicada en esta investigación, ya que ni siquiera conoce personalmente a Zamora. «No tengo ninguna relación con él, pero claro que sí sé quién es por su labor periodística, es inevitable no conocerlo porque es una figura pública dentro del gremio periodístico del país», dijo.

Con el proceso ya iniciado luego de una serie de postergaciones, Zamora denunció que teme por su seguridad debido a que ha sido amenazado en la cárcel, en donde revisan su celda varias veces durante el día. En algunos cateos, los guardias incluyen a perros que detectan drogas.

También reiteró que se considera un preso político que está siendo perseguido por el presidente, en venganza por las investigaciones de El Periódico sobre la corrupción del Gobierno. De hecho, el Procurador de los Derechos Humanos del país centroamericano, Jordán Rodas, presentó un amparo para poder visitar al periodista y presionar para que se respete su integridad.

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Christian Ulate, su abogado defensor, consideró que, con este caso, el sistema de justicia de Guatemala se somete a un examen que no pasará porque no hay pruebas de la imputación.

«Es lamentable que el abogado del denunciante reconozca que el dinero venía con cintillos bancarios, no provenía de un origen ilícito, no presentan prueba alguna de tener a José Rubén Zamora chantajeándole», afirmó.

La detención de Zamora pone en peligro la subsistencia de El Periódico, que fue fundado en 1995 y que es uno de los medios más críticos del Gobierno de Giammattei, ya que las cuentas de la empresas han sido embargadas, lo que impide el pago de proveedores y trabajadores.