Arturo Torres es periodista de investigación, especializado en temas de seguridad, corrupción y justicia. Autor del libro El Juego del Camaleón, que reveló los contactos de las FARC con políticos de varios gobiernos. Este año, junto con su colega y esposa, María Belén Arroyo, escribió Rehenes, que indagó el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, y siete militares y civiles más, a manos de la disidencia colombiana.

¿Cómo entender el nuevo rol de las FF.AA. de identificar, aislar y neutralizar a grupos insurgentes y células anárquicas?

Cuando el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, hizo pública esta nueva directiva, en esencia cambia el enfoque sobre las amenazas externas del país. Hasta antes del paro, la principal amenaza eran narcotráfico y el crimen organizado vinculado a disidentes y a carteles en la frontera norte. Le consulté al ministro Jarrín, a inicios de este año, si ellos no veían problemas, por ejemplo, con la actuación de disidentes y subversivos en las minas de Buenos Aires, y él dijo que básicamente era un tema de seguridad ciudadana, que era competencia policial, con apoyo de FF.AA. Hace muchos años había indicios de grupos que no sé si llamarlos subversivos o insurgentes. Habría que definirlo bien, porque una insurgencia tiene un estatus político; cuando les decimos insurgentes les damos una calidad distinta a la de un grupo delictivo o terrorista.

¿Las últimas protestas son una evidencia de la operación de grupos armados o insurgentes?

Es un tema que se debe decantar y transparentar bien. Aunque por seguridad nacional no se puede dar detalles. Por eso entiendo que el ministro no detalle conceptos ni alcances aún. Pero es una incógnita si la insurgencia de la que habla está en formación, ya se formó, es un grupo constituido o algunos. De lo que conozco, no hay una organización subversiva grande en el país. En el paro se identificó a grupos coordinados en acciones violentas. Lo que hizo el ministro es tratar de delimitar y darle un concepto a la amenaza. Lo que está por definirse es quién fue el cerebro de la operación, si fue una sola cabeza o hubo varias organizando a estos grupos delincuenciales, anárquicos, extremistas de cualquier ideología. Quién les financió.

¿Entonces se puede hablar de células y no de grupos?

De lo que sé, por fuentes militares y policiales, hay, al menos, 19 grupos de este tipo, que se han venido formando y capacitando. Pero esto no es reciente, ocurre desde hace unos 8 años, por lo menos. Lo que está por confirmarse judicialmente es la tesis del Gobierno que detrás estuvo el expresidente Rafael Correa y algunos de sus seguidores. Además, la información de inteligencia sobre los grupos no fue sistematizada, los agentes levantaban información de lo que pasaba los últimos años; cómo se integraban; cómo se movían, dónde recibían capacitación o cómo iban a Centroamérica, a Cuba a Venezuela…

¿Si no estaba sistematizada, no se alertó a las autoridades?

Es otro tema importante. Hay subsistemas de inteligencia: el militar y el policial. Tenían información, sobre todo la militar, porque siempre siguió a estos grupos. Pero con la llegada de Correa hubo cambios en inteligencia y se debilitó a las FF.AA. Se dejó de seguir a esos blancos y la información no fue al mando político. Se cambió el sistema de cómo se recibían los datos de inteligencia, ya no iban al Consejo de Seguridad Nacional, que lo formaban los ministros y el Presidente. La entidad que la recibe es el Centro de Inteligencia Estratégica, ex-Senain, que reporta a la Presidencia. Los oficiales de inteligencia dejaron de confiar en sus mandos, porque muchos empezaron a tener una deriva política cercana a Correa. Por eso se habla actualmente de los oficiales bolivarianos. No solo entre los militares sino también en la Policía. Hay un ala bolivariana afín a Correa. Los militares, al tratar temas de subversión, dejaron de confiar en su mando, porque se sabía de funcionarios de Correa vinculados con las FARC. Esa desconfianza, en el caso de inteligencia militar, les puso en alerta y prefirieron no reportarla por temor a represalías.

¿Hay grupos de policías y militares que siguen una línea política de Correa?

Más que una línea, yo creo que son muy afines a los postulados de Correa, no olvidemos que hizo cambios. Por ejemplo, dio más prebendas a la tropa, terminó con los casinos que eran solo para los oficiales y acabó con algunos beneficios de los oficiales. Con eso trató de dividir a las FF.AA.

Han pasado dos años desde la salida de Correa. ¿Por qué esa información no se entregó?

Con Correa hubo desconfianza de inteligencia y otras áreas, especialmente sobre el mando político. No les daban información sensible sobre grupos extremistas y subversivos relacionados con el correísmo. Llegó el gobierno de Lenín Moreno, pero básicamente se mantuvo la estructura, Rommy Vallejo se quedó en la Senain casi un año. El rompimiento con Correa no estaba planificado. Por eso hasta hoy él tiene gente que es muy leal, por una afinidad política o gratitud. Entre ellos hay uniformados, policías y militares, que creen en la Revolución Ciudadana; algunos de ellos ya están identificados porque se sabe que durante la paralización filtraron información de ciertas operaciones sensibles y cooperaron para la desestabilización.

¿Filtraron información? ¿Eso se descubrió con los seguimientos de la Fiscalía?

No, son investigaciones de las FF.AA. Hay gente que le informa a Correa lo que está decidiendo el Presidente. Ese es el nivel de penetración, porque básicamente sigue intacta la misma estructura que formó y se ha mantenido más de una década.

¿Ellos serían topos en lenguaje de inteligencia militar?

En el Gobierno hay muchos topos que responden al expresidente Correa, y ese es uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el presidente Moreno.

¿No es darle mucho poder a un Rafael Correa, que tenga planificación, organización que abarque a indígenas, estudiantes, militares, policías?

Aún debe comprobarse judicialmente el nivel de acción de Correa, aunque hay indicios sólidos. Lo que sucedió en el paro respondió a un plan muy elaborado. Tomas de gobernaciones, bloqueos estratégicos, de abastecimiento, en los pozos en la Amazonía, de forma simultánea. Las cabezas sabían que el teatro de operaciones era el centro de Quito y la mayor parte de la Policía y las FF.AA. se enfocó en esa zona y en lugares aledaños. Los que intentaron dar el golpe sabían que esos puntos neurálgicos estarían desprotegidos. El plan era crear caos y causar un daño al Gobierno. Tumbarlo.

¿Inteligencia no pudo dimensionar la magnitud de la protesta y esos objetivos?

Recién estamos tratando de entender cuáles son los grupos, sus cabezas, sus conexiones, su tamaño y relaciones internacionales. Pero inicialmente lo que necesita Defensa, y es entendible como una política de Estado, es identificar una amenaza. Tenerlo claro para que las FF.AA. y Policía puedan actuar, según su competencia. Pero eso también necesita de una legislación. Estamos en un híbrido si es seguridad ciudadana o nacional. Se deben articular protocolos con la Policía y Fiscalía.

¿Se puede responsabilizar a un solo grupo del plan?

Todavía es temprano. Hubo grupos que se unieron para actos delictivos, violentos o terroristas, pero otros no querían desestabilizar al Gobierno. Es fundamental identificar a los integrantes, sus cabezas y conexiones, saber si son parte de un plan regional, que yo creo que sí existe. Ecuador (Chile, Bolivia, Venezuela) es una ficha de un juego geopolítico regional y global, cuyos principales antagonistas son EE.UU. y Rusia, y a un nivel más discreto, China. Es una disputa por la hegemonía mundial. (I)