Los icónicos taxis amarillos de Nueva York se encuentran asfixiados por las deudas y por la competencia desleal de Uber y otras plataformas de alquiler, y tras el suicidio de nueve compañeros en los últimos años, han emprendido una protesta, con huelgas de hambre incluida, para forzar a la ciudad a reducir sus cargas económicas.

Hace ocho días que choferes de estos taxis, tan vinculados a la imagen de Nueva York como la Estatua de la Libertad, dieron el paso extremo de no comer y dormir en sus vehículos, a unos metros del Ayuntamiento, a la espera de que el alcalde Bill de Blasio acepte su propuesta para reducir la deuda, que para algunos puede ser de más de 700.000 dólares por su licencia de taxi.

Allí han levantado un altar con nueve velas y flores y los nombres de otros tantos compañeros muertos desde 2017, desesperados por no poder pagar sus deudas.

El anterior alcalde, Michael Bloomberg, decidió aumentar el número de «medallones» -como se conoce a estas licencias por su aspecto-, que hasta entonces habían costado entre 110.000 y 140.000 dólares, y convocó varias subastas ad hoc, en las que se infló el precio de las licencias creando una burbuja.

Deudas de miles de dólares. El caso de un ecuatoriano

Bloomberg decía que era como «comprar un pedacito de la Gran Manzana», lo que para los taxistas, un sector dominado por los extranjeros -y de ellos, el 40% son asiáticos- representaba «la oportunidad de vivir el sueño americano», comentó a Efe Víctor Salazar, un ecuatoriano con tres décadas al volante y una deuda de 300.000 dólares.

Y mientras la deuda por el «medallón» subía, la entrada de Uber, Lyft y otras plataformas de alquiler de coches a lo largo de la pasada década puso las cosas más difíciles: inundaron las calles con sus nuevos permisos, redujeron las ganancias de los choferes «clásicos» y devaluaron el valor de los «medallones».

Al llegar la pandemia, Víctor Salazar no pudo continuar pagando su «medallón» -su deuda era de unos 2.000 dólares mensuales, sin contar la gasolina y el seguro del coche-, y lo perdió. Hay muchos otros casos como del de Salazar.

Quadratullah Saberry, afgano, ha conducido durante tres décadas y a sus 70 años adeuda todavía 300.000 dólares, así que se ha declarado en huelga de hambre: «Tengo presión alta y diabetes, y si no como regularmente probablemente me derrumbe, pero asumo el riesgo. Nueve choferes han muerto», recuerda.

La mediática congresista Alexandria Ocasio-Cortez se ha hecho eco de su caso, recordando que hace más de dos años se advirtió sobre los préstamos abusivos a los taxistas: «Se están ahogando en deudas. Y tristemente, algunos han terminado con sus vidas. Necesitan un rescate AHORA», afirmó en Twitter.

Que el ayuntamiento salga garante

Los taxistas han propuesto que la ciudad, a la que pertenece la Comisión de Taxis y Limusinas que regula el sector, salga garante de los préstamos, que se reestructurarían a un monto principal de no más de 145.000 dólares, con pagos mensuales de 800 dólares.

La propuesta cuenta con el respaldo de la delegación de Nueva York en el Congreso, entre ellos el líder demócrata en el Senado federal Chuck Schumer, que junto con Ocasio-Cortez ha enviado una carta a De Blasio pidiendo el apoyo de la ciudad para los trabajadores del volante.

«No dejaremos la calle hasta que se haga justicia», insistió hoy Bhairavi Desai, líder de la New York Taxi Workers Alliance (NYTWA), que representa a 25.000 trabajadores, la mitad taxis amarillos, en una manifestación que contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Jumanne Wiliams, y en el que los choferes gritaban «no más muertes» y pedían un rescate económico.

Desai, también en huelga de hambre, advirtió que de no resolverse la crisis, muchos terminarán en la quiebra, perderán su único ingreso y hasta sus casas.

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La ciudad ha propuesto una ayuda total de 65 millones de dólares, que los taxistas consideran que es insignificante para reducir su deuda e insisten en su propuesta.

«La ciudad ha creado esta crisis. Su plan (de rescate) dejaría a los conductores ganando menos del salario mínimo. Es inaceptable», afirmó el Defensor del Pueblo. EFE