«Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos». Con esas palabras, el presidente Alberto Fernández anunció el pasado viernes un fuerte incremento y ampliación de dos políticas clave para la economía de millones de familias en situación de vulnerabilidad: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que sirve únicamente para adquirir bienes de primera necesidad.

Sin dudas, estas dos medidas, la primera vigente desde 2009, la segunda desde fines de 2019, ayudan a sostener a más de 6 millones de hogares en un marco cada vez más angustiante, con más de 42 % de pobreza para un país capaz de producir alimentos para toda su población y bastante más. En los menores de 14 años, el porcentaje de personas que no pueden acceder a bienes básicos se eleva al 57 %.

«Anunciamos refuerzos sociales y económicos, entre ellos, la ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar de 1,9 millones a 4 millones de personas, detalló el mandatario durante la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, realizada en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. El beneficio supone una inversión de 250.000 millones de dólares —equivalente al 0,7 % del PBI— por parte del Estado, según se informó de forma oficial.

En ese mismo acto, del que participaron representantes de diversos sectores como la Iglesia, las industrias, los derechos humanos, entre otros, las organizaciones populares dejaron claro que, si bien celebran el esfuerzo del Gobierno en atender las urgencias de los más humildes, en un contexto de endeudamiento y crisis sanitaria por el coronavirus, los mismos recursos empleados podrían ser destinados a generar empleo genuino.

Quien expuso este planteo fue el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban ‘Gringo’ Castro: «Es preciso hacer el esfuerzo en la asistencia, pero también profundizar el esfuerzo en generar trabajo, es decir, salir de la pandemia con empleo», señaló el dirigente, que lleva un largo recorrido militante en los barrios más humildes de Buenos Aires.

Ocurre que el dinero que le llega a esas familias —la madre de un solo hijo pasará a cobrar de 3.000 a 6.000 pesos mensuales (63,83 dólares)—, que no es mucho pero representa una ayuda muy valiosa para millones de hogares, termina siendo absorbido por la alta inflación que padece Argentina, de un 40,8 % interanual en marzo y la más alta de la región, después de Venezuela.

Para Castro, tras los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y con la crisis del coronavirus aún vigente, el país atraviesa un proceso de mayor concentración económica, con «una cantidad de sectores que producen, distribuyen y exportan alimentos que no paran de aumentar los precios». Esto implica que, en palabras del dirigente, «cada vez que el Gobierno toma una medida, apoyado en su pueblo, para mejorar las condiciones de vida de los más humildes, se la come el incremento de las tarifas y de los alimentos» que esas mismas familias consumen.

«Esto es como un perro que se quiere morder la cola y nunca se la puede morder. Es muy desgastante. Una pelea inconmensurable», reconoció. Y, en coincidencia con lo expresado también por el mandatario argentino, pidió «a los sectores que más concentran la economía, que definen el precio de los alimentos que consumen los sectores más pobres de Argentina, que tengan un poco de sensibilidad».

«Una enorme inversión en asistencialismo»

Tras el anuncio del Gobierno, fueron varios los representantes de organizaciones populares que, a pesar de mantener un diálogo fluido con el oficialista Frente de Todos, expresaron disconformidad con la medida. No desconocen la necesidad de llevar alivio económico a los barrios más complicados. Por el contrario, lo rescatan. Pero el hecho de no haber sido anticipada ni consensuada la medida, y principalmente de no tener ningún tipo de componente que genere oportunidades de empleo, ha motivado las «críticas constructivas» de más de un dirigente.

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

«Valoramos enormemente el esfuerzo del Gobierno. Agradecemos no tener un Iván Duque, un Mauricio Macri en la Casa Rosada. Pero el ‘Gringo’ Castro fue a ciegas a la reunión. Y se encontró con el lanzamiento de una enorme inversión en asistencialismo», dice a RT el abogado Juan Grabois, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conforma la UTEP.

Los bancos como beneficiarios de la pobreza

El debate sobre la medida que se tomó tiene dos dimensiones, considera Grabois: «Uno que es conceptual, y es que lo único que calma el hambre es el trabajo. Porque no solo del pan vive el hombre. La dimensión subjetiva del trabajo, que es lo que le da la dignidad y que además permite acceder a otro derechos, como la vivienda por ejemplo, no puede sustituirse por una tarjeta de alimentos», dice el militante del Frente Patria Grande, organización política de izquierda.

La otra cuestión tiene que ver con el modo de operar las tarjetas, que es a través de los bancos y no por medio del sistema de la Seguridad Social. De esta manera, el usuario del plástico paga comisiones bancarias o de procesadores de pago, que se llevan más del 1,5 % de toda la inversión. «Estamos hablando de más de 5 millones de pesos (unos 53.200 dólares) que se van a los bolsillos de los jefes de las finanzas nacionales e internacionales, sin hacer absolutamente nada más que un trabajo de intermediación. Porque además no les permite a los beneficiarios comprar en negocios de cercanía, ya que muchas veces estos no tienen el sistema de cobro electrónico», señaló Grabois.

Los trabajadores de la economía popular ahora son reconocidos como gremio en Argentina: ¿por qué es importante?

Por eso referentes como Grabois o Castro señalan que el esfuerzo hubiera sido más fructífero en actividades productivas, impulsando cooperativas o nuevas formas de trabajo «sin patrón», como las que se fomentan desde estos espacios. Para la UTEP, que en marzo ha tenido un reconocimiento como gremio de parte del Estado argentino, «las políticas paliativas a corto plazo son un mal camino cuando están las condiciones de potenciar y crear trabajo en actividades como la producción en pequeña escala, servicios ambientales, tareas comunitarias, infraestructura urbana y producciones agroalimentarias».

En definitiva, se trata de conflictos internos que exponen la necesidad de discutir y asignar de la mejor manera posible los escasos recursos de un país empobrecido y endeudado como nunca antes, con demasiados frentes de batalla abiertos al mismo tiempo y un tema que no puede esperar: el hambre.

«Son críticas que consideramos constructivas, porque a lo que apuntamos es a mejorar la política pública y no a boicotearla. Pero nos vemos en la obligación de hacerlas porque vemos cómo los esfuerzos fiscales que realiza el gobierno, muchas veces terminan siendo motor de la especulación financiera y de los alimentos«, concluyó Grabois.

Emmanuel Gentile

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