El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis de espionaje que se desató en el país a mediados del pasado mes de abril.

Durante su intervención, el presidente ha anunciado que el Gobierno procederá a realizar cambios legislativos relativos a la Inteligencia nacional. Así, ha detallado que se procederá a aprobar una nueva ley de secretos oficiales que sustituirá a la actualmente vigente, que data de 1968, en plena época de la dictadura franquista.

Además, se reformará la ley orgánica que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el objetivo de «reforzar las garantías de control y el respeto a los derechos», según ha afirmado Sánchez desde la tribuna. «Es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales, así como a los mejores estándares internacionales», ha añadido.

Sánchez intenta capear así la doble crisis sobre espionaje desatada en el país a mediados del mes pasado. Por un lado, el 18 de abril se denunció el espionaje con el ‘software’ israelí Pegasus al que habrían sido sometidos 65 líderes políticos y sociales independentistas catalanes, mientras que unos días después el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, anunció que el propio Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían sido espiados con Pegasus.

«Es un hecho que ha habido un fallo de seguridad en los procedimientos que debían proteger la confidencialidad de las comunicaciones», ha dicho el mandatario sobre este segundo asunto, afirmando que se ha actuado con transparencia, «lejos de cualquier ocultación».

Además de los anuncios de esta jornada, previamente el Ejecutivo de Sánchez puso en marcha una investigación interna en el CNI, convocó a la Comisión de Secretos Oficiales, inició una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo y mostró su disposición a la desclasificación de documentación si lo dispone un juez, todas ellas medidas implementadas para mitigar el escándalo que han supuesto las revelaciones sobre espionaje.

Duras críticas de los partidos catalanes

Sin embargo, sus palabras no han sido suficientes para la oposición, especialmente para los partidos catalanes, sobre todo después de que la directora del CNI, Paz Esteban, reconociese en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales que el CNI había espiado al menos a 18 personalidades independentistas, entre los que se encontraban el actual presidente catalán, Pere Aragonés.

Aunque se explicó que todas las intervenciones de las comunicaciones contaban con autorización judicial, la crisis se salvó ofreciendo la cabeza de la directora del CNI, que fue sustituida por otra funcionaria del organismo.

Aún así la réplica de hoy del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido una de las más duras. «Un país en el que la principal ley es la ley del silencio, no es un país, es una mafia. España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta«, ha dicho el político independentista desde el estrado antes de añadir que «la mejor manera de que España sea una democracia plena es que de una vez por todas sean conscientes de que no lo es».

La postura de ERC es de especial trascendencia para el Gobierno de Pedro Sánchez, pues el partido catalán ha sido uno de sus socios legislativos desde que apoyó su investidura como presidente, primero tras la moción de censura de 2018 y posteriormente tras las elecciones generales de 2019.

También desde el otro partido independentista mayoritario catalán, Junts per Catalunya (JuntsxCat), se han vertido duras críticas y acusaciones. Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ha lanzado varias preguntas a Sánchez: «¿Por qué nos están espiando, señor Sánchez? ¿Porque somos independentistas? ¿Qué delito hemos cometido?».

Además, Nogueras ha pedido al presidente que asuma responsabilidades por el espionaje a las figuras independentistas.

El principal partido de la oposición denuncia mala gestión

Por su parte, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, ha criticado la gestión del Gobierno en este escándalo. Así, su portavoz, la diputada Cuca Gamarra, ha dicho que a pesar de saber que el CNI se encontraba espiando al ámbito independentista, el Gobierno indultó a los condenados por la organización del referéndum ilegal de autodeterminación celebrado en Cataluña en 2017.

Además, Gamarra ha instado a una nueva reunión de la Comisión de Secretos Oficiales para recibir más información sobre el espionaje a los terminales móviles de los miembros del Gobierno, cuestionando si el presidente había realizado un comportamiento responsable en el uso de las comunicaciones.

Espiados por Pegasus

Pegasus es un programa desarrollado por la compañía israelí NSO Group, que afirma que solo vende su producto a Gobiernos. Este ‘software’ infecta los aparatos electrónicos de sus objetivos y puede recopilar todo tipo de información: conversaciones, mensajes de texto, agenda de contactos, fotografías o cualquier otro tipo de documento almacenado en el dispositivo.

Se trata de un programa invisible que actúa sin que el propietario del terminal se dé cuenta y que una vez recopilada toda la información la envía a una entidad externa sin su conocimiento. Solo puede ser detectado tras un análisis llevado a cabo por expertos.

Lo que se sabe sobre el escándalo de espionaje masivo en España y las interrogantes que quedan por responder

Así fue como se tuvo conocimiento de que 65 líderes catalanes habían sido infectados por Pegasus, tras el análisis realizado por Citizen Lab, un laboratorio canadiense independiente especialista en ataques informáticos.

Posteriormente el CNI reconoció que estaba detrás del espionaje a al menos 18 personalidades relacionadas con el independentismo catalán, aunque el informe presentado recogía otros diez nombres tachados, que se presume que pertenecen al mismo ámbito.

¿Quién ordenó el espionaje?

Por su parte, el espionaje al que fueron sometidos Sánchez y otros miembros de su Gobierno se conoció tras el examen de sus teléfonos móviles por parte del CNI, lo que desató las críticas por haber permitido una brecha en la seguridad nacional de tal calibre.

Como responsable de esta parte del espionaje las miradas se posan en Rabat, si bien el Gobierno de España ha evitado lanzar ningún tipo de acusación a Marruecos en este sentido. La hipótesis tiene como base el momento en el que los móviles del presidente y los ministros fueron infectados, en mayo y junio del año pasado, cuando entre los dos países se vivía la mayor crisis diplomática de los últimos años, con el debate sobre la soberanía del Sáhara Occidental de fondo.

Sin embargo, casi todos los analistas rechazan que Marruecos pudiera estar detrás del espionaje en el marco de la política catalana, sobre la que no mantiene ningún tipo de interés, y menos después de que el CNI reconociera que interceptó las comunicaciones de parte de las personas afectadas.

Eso sí, la Inteligencia española no ha admitido el uso de Pegasus, entre otras cuestiones debido a que por ley tiene prohibido hacer publicidad o desvelar cuáles son los medios utilizados para llevar a cabo sus funciones, por lo que en el aire queda la duda sobre si solo el CNI espió en Cataluña o si hay un tercer actor, que podría ser externo o interno, que haya estado llevando a cabo trabajos similares.