El comandante del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, confirmó este viernes que fue retirado el sargento Juan Carlos Díaz.

El sargento comandaba el grupo al que pertenecían los siete soldados que violaron el pasado 21 de junio a una niña indígena de 12 años.

Zapateiro explicó que pese a que el sargento los denunció no cumplió con su deber.

Este era el de evitar que los hombres bajo su mando cometieran actos en contra de la ley.

Responsabilidad en el hecho

«Tal responsabilidad es mayor, máxime cuando era el comandante directo de la unidad a la que pertenecían los implicados».

«Denunciar es una obligación, pero prevenir (…) era su responsabilidad particular», dijo Zapateiro en una rueda de prensa.

Agregó que «el mando y control significa que, por su cargo, los comandantes deben estar al frente de los procedimientos operacionales normales que ejecuta una unidad».

El miércoles, Zapateiro dijo que fueron retirados tres oficiales del Batallón de Artillería San Mateo de Pereira, capital de Risaralda, y que los soldados implicados están en la cárcel porque seis de ellos aceptaron los cargos de la Fiscalía que los acusó de violación mientras que el otro responderá por complicidad en ese delito.

Polémica por la decisión

La senadora izquierdista Aída Avella, jefa del partido Unión Patriótica, aseguró que ante el retiro del sargento Díaz, a cargo de los uniformados cuando ocurrieron los hechos, «se deduce que (quienes estén enterados de los abusos) deben callar ante semejante delito para continuar» en el Ejército.

Ante las críticas, Zapateiro manifestó hoy que a pesar de que denunció el caso, el oficial «debe controlar, él debe siempre liderar a los hombres bajo su mando».

«No seré laxo en mis decisiones. Soy consciente y me conozco como oficial, como soldado, y he dado las órdenes claras a todo el Ejército y quien siga cometiendo este tipo de errores no voy a tolerar que siga en la fuerza», aseveró.

Investigan militares

El comandante del Ejército reiteró que 118 miembros de esa institución han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad y que 45 de ellos ya fueron retirados.

Entre las 118 personas involucradas en abusos sexuales a menores de edad hay oficiales, suboficiales y soldados pero también civiles que trabajan con la institución.

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Además del caso de Risaralda, también se denunció esta semana que dos soldados del Batallón de Infantería Joaquín París violaron a otra niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú en septiembre de 2019 en el selvático departamento del Guaviare (sureste).

EFE