Pobladores de una comunidad de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México) retuvieron durante ocho horas y le pusieron una soga al cuello al político Juan Salvador Camacho Velasco como sanción por incumplir sus promesas cuando fue diputado local.

El incidente tuvo lugar el pasado 16 de mayo cuando Camacho Velasco, quien es candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas por el partido Morena, llegó a la comunidad Los Llanos, habitada mayoritariamente por miembros del pueblo tsotsil, para realizar actos de campaña. Junto al político, los lugareños retuvieron a 21 miembros de su equipo, informa Proceso.

En las imágenes de los hechos se puede ver que el político fue despojado de sus zapatos y obligado a caminar descalzo mientras negociaba su liberación. En un momento una persona le arrebató los lentes y los arrojó al suelo, mientras que otro propuso ponerle una falda. Los pobladores de la comunidad acusaron a Camacho Velasco de no cumplir sus promesas cuando fue diputado y le reprocharon la falta de apoyo para la construcción de una obra pública.

Posteriormente llevaron a Camacho Velasco hasta un árbol y le pusieron una soga al cuello, así como le exigieron que pagara 300.000 pesos (17.500 dólares) para ser liberado, una condición que el político finalmente aceptó.

Desde Morena condenaron el incidente al igual que condenan «todo acto de violencia que desestabilice el ambiente político electoral y social en la entidad», declarando que a mitad de las campañas electorales «la paz debe prevalecer en Chiapas» y pidiendo «no a la violencia electoral».

«No existe ningún pretexto que justifique la inestabilidad física, emocional y psicológica de ningún ciudadano, mucho menos que el hostigamiento sea por cuestiones ideológicas, políticas o por sus creencias personales», agregaron desde el partido, recoge El Universal.

Por su parte, Camacho Velasco señaló a través de sus redes sociales que fue detenido por causa de un «malestar» fruto de años de «indiferencia de parte de las autoridades, que históricamente han visto [a las comunidades indígenas de la región] como botines electorales», y explicó que su liberación fue producto de la conciliación y el diálogo.

No obstante, el político no confirmó si pagó los 300.000 pesos que exigían los habitantes de la comunidad para su liberación.