El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amenazó con reprimir de nuevo a los militantes peronistas, mientras que el oficialismo y la oposición se enfrascaron en una guerra de denuncias penales en medio de la crisis política provocada por el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde que hace una semana los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión contra la expresidenta, la tensión se disparó e impactó de lleno en las dos principales coaliciones políticas del país sudamericano y en el panorama rumbo a las presidenciales del próximo año.

El oficialista Frente de Todos, que arrastraba meses de una fuerte confrontación que lo colocó al borde de la ruptura, se abroqueló para apoyar a Fernández de Kirchner. El peronismo se declaró unido, organizado, movilizado y en estado de alerta.

En la opositora y conservadora alianza Juntos por el Cambio se aglutinaron para respaldar a los fiscales y condenar por anticipado a Fernández de Kirchner, pero los dirigentes que compiten por la candidatura presidencial en 2023 volvieron a confrontarse y a mostrar las fisuras del espacio.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, por ejemplo, criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por haber retirado el operativo que montó el sábado en los alrededores de la casa de la vicepresidenta para evitar que los militantes volvieran a cerrar las calles. Ambos son los principales aspirantes presidenciales de la derecha.

«Nos ven débiles (…) en la seguridad no podés tener miedo. La ciudad siempre está con las calles tomadas», dijo en una crítica abierta a Rodríguez Larreta después de la caótica jornada del sábado. Bullrich es conocida por ser una política «de mano dura» que defiende siempre a las fuerzas de seguridad y las represiones, aunque incluyan violaciones a los derechos humanos.

Cruces

Durante cinco noches consecutivas, de lunes a viernes, miles de seguidores de Fernández de Kirchner se acercaron a su casa para respaldar su denuncia de que el juicio en su contra no tiene asidero legal y solo se trata de una persecución que busca proscribirla y evitar que vuelva a postularse a algún cargo público.

Las manifestaciones evidenciaron, de nuevo, el ya conocido e histórico fervor peronista. Familias, parejas, personas en solitario o con su agrupación se organizaron para cantar, aplaudir, saltar y hasta llorar, ya fuera por amor a la vicepresidenta o de rabia por las acusaciones de corrupción en su contra.

El espacio físico incentivó la disputa ideológica, ya que Fernández de Kirchner vive en Recoleta, un lujoso barrio de Buenos Aires. La capital y, sobre todo, las clases altas del país son, por definición, antiperonistas, así que las quejas de los vecinos por las manifestaciones en favor de la expresidenta se acrecentaron con el pasar de los días.

En respuesta, el Gobierno de la Ciudad, que es derecha, montó un operativo sorpresa. El sábado, los alrededores de la casa de la vicepresidenta amanecieron con vallas que cerraban el paso a la circulación de autos y peatones, más policías y camionetas hidrantes preparadas para dispersar multitudes.

Así volvió a demostrarse la permanente doble vara que hay en este país, ya que en anteriores ocasiones, cuando se acercaron personas a repudiar a la vicepresidenta, jamás fueron reprimidas. El gobierno local y los medios antiperonistas los suelen presentar como ciudadanos indignados, educados y «decentes» que simplemente ejercen su derecho a manifestarse. En cambio, los peronistas siempre son «sucios» y «violentos».

El sábado, el peronismo había convocado a reuniones en plazas de todo el país pero, al ver las vallas, llamaron a concentrarse en Recoleta, ya que consideraron que el operativo era una provocación antidemocrática que violaba el derecho a la protesta social, y una especie de prisión domiciliaria contra Fernández de Kirchner, quien, por su parte, denunció que la habían sitiado.

A lo largo del día, miles de peronistas fueron llegando a Recoleta en un clima de exacerbada tensión, ya que se temía que se desatara la violencia de la que se acusaban por igual oficialismo y oposición.