La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó este martes una modificación en el Código Penal que permite obtener evidencias digitales para resolver investigaciones, despertando rechazos en la oposición y asociaciones de periodistas al considerar que se legaliza el espionaje.

Las modificaciones propuestas por el partido Nuevas Ideas (NI) tuvieron 63 votos a favor y 17 en contra.

Entre sus cambios principales, se permitirán las «operaciones encubiertas digitales». Así, bajo la calificación de «evidencia digital», se podrán intervenir dispositivos electrónicos e interceptar conversaciones privadas u otro tipo de información que se considere necesaria, como escritos, imágenes y videos. Las tareas pueden estar a cargo de actores llamados «agentes encubiertos digitales».

«Como en cualquier país del mundo, tiene que haber una regulación»

«Sabemos que la tecnología avanza y que, de esa misma forma, se generan más tipos de delitos cibernéticos. Nuestro compromiso es seguir legislando con base en lo que la población nos demanda», sostuvo el diputado Francisco Villatoro.

«Para realizar dichas reformas al Código Procesal Penal, recibimos en la Comisión de Seguridad a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones relacionadas con el tema, todo con el fin de hacer un proceso participativo y transparente«, añadió.

«Como en cualquier país del mundo, tiene que haber una regulación en el cometimiento de los delitos informáticos», opinó el legislador Carlos Hermann Bruch. «El mundo ha avanzado tanto que ahora se han creado delitos que se comenten a través de estas tecnologías. Nuestro país se estaba quedando corto en cuanto a legislación relacionado con este tema», acotó el vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.

«Abusos y arbitrariedades»

Mientras el oficialismo promete que se va a «garantizar la privacidad de los salvadoreños», en la oposición afirman que esta reforma va a arremeter contra la libertad de expresión. «Es la vía para legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del Gobierno, a periodistas», cuestionó Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo (NT).

El escándalo por espionaje a periodistas y activistas explota en El Salvador y el Gobierno de Bukele se deslinda: ¿quién dio la orden?

En sintonía, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) realizó una conferencia de prensa el lunes, previo a la votación, donde expresó que «se está legalizando el espionaje con esta figura de ‘agente digital'». El presidente de la organización, César Castro Fagoaga, se mostró preocupado por «el abuso y las arbitrariedades» que la Policía y la Fiscalía podrían cometer.

«Es importante que tengan esas herramientas, pero la evidencia de cómo se han comportado estas instituciones en el pasado hacen desconfiar plenamente de ellas», concluyó.

La modificación del Código Procesal Penal se produce luego de que un estudio de organismos internacionales de derechos humanos afirmara que activistas y periodistas de El Salvador fueron espiados con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Pese a los señalamientos en su contra, el Gobierno de Nayib Bukele niega estar detrás de las acciones irregulares.

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