A pesar de que hay abundante registro del momento en el que civiles armados atacaron a integrantes de la minga indígena, que se trasladó a Cali para participar en las manifestaciones que casi cumplen dos semanas en Colombia, su presencia en el municipio Jamundí, del departamento del Valle del Cauca, generó expresiones de racismo y acusaciones de provocar los hechos de violencia, que dejaron un saldo de diez integrantes de la organización heridos de bala.

Desde el inicio del paro nacional, Cali ha sido el epicentro de las protestas, en el contexto de una tensa situación de descontento y de presión social que ha sido atizada por los bloqueos de las vías hechos por algunos manifestantes. En ese contexto, la Gobernación del departamento prohibió el acceso al departamento como una medida de contención en el «tercer pico de la pandemia», según la gobernadora Clara Luz Roldán.

El propio presidente Iván Duque tuvo que hacer un viaje de pocas horas a la zona para encabezar un «consejo de seguridad» la madrugada de este lunes, después de que ordenara «el mayor despliegue de la Fuerza Pública» en la ciudad y de que le pidiera a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que forman parte de la protesta, que regresaran a su resguardo en ese departamento, a más de 200 kilómetros de distancia.

En medio de la delicada situación, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que tras una reunión con un grupo de manifestantes se acordó el desbloqueo del acceso al puente de Paso del Comercio, vía que conecta al norte de la ciudad con el municipio de Palmira, en el sur del departamento y a 26 kilómetros de la capital.

Como parte de protesta, algunos participantes han protagonizado hechos aislados de violencia, levantando barricadas e impedido el paso vehicular, mientras que los habitantes han exigido que se reestablezca el derecho al libre tránsito, obstaculizando también las calles.

Este lunes, la vía de Jamundí, fronteriza con el departamento del Cauca, fue reabierta luego del ataque armado que sufriera el grupo de la minga indígena mientras ingresaba al Valle del Cauca.

Lo que demostró el ataque armado

La tarde del domingo la movilización indígena avanzaba en caravanas de autobuses por las cercanías de la carretera Panamericana, en las adyacencias Ciudad Jardín, barrio de la zona acomodada de la capital. En ese punto, grupos de civiles trataron de impedir por la fuerza el ingreso de la minga entre insultos racistas y amenazas. Finalmente, unos desconocidos bajaron de una camioneta, dispararon contra la multitud y huyeron.

Posteriormente, circularon videos de un grupo de integrantes del movimiento originario destruyendo la camioneta de los presuntos agresores, lo que dio pie para señalarlos de haber causado los hechos de violencia. Más tarde, trascendió que la Guardia Indígena había logrado la captura de uno de los presuntos tiradores civiles.

Los integrantes del CRIC, en un comunicado, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional «la agudización de la represión contra el paro nacional» y afirmaron que los trataron de «vándalos y terroristas sin ninguna verificación a la información«.

Para el consejo indígena, esta agresión es una consecuencia de «la connivencia y trabajo conjunto» entre «gobiernos nacionales y paramilitarismo», que se cristalizó cuando «civiles armados» los atacaron «resguardados y protegidos por la Policía Nacional».

Otro punto que se ha puesto en evidencia en estas manifestaciones, explican, es la apelación al racismo «para descalificar la presencia de indígenas en la ciudad de Cali», con la finalidad de «generar miedo y pánico en la población«, al acusarlos «con videos y noticias falsas» de llegar para «causar daño», cuando ya tienen siete días en la zona. «La violencia no se originó con la venida de la Minga, sino que estaba en un nivel muy alto desde el mismo día de inicio del paro», aseguran.

¿Diálogo o negociación? El dilema entre el Gobierno y los promotores de la protesta en Colombia en su primer encuentro

Ante la situación de crecientes tensiones y denuncia de violación de los derechos humanos, la representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, expresó su rechazo y «grave preocupación» por los ataques sufridos por la minga indígena.

Del lado oficial, el mandatario este lunes se reúne con el Comité de Paro, que le presentará un pliego de varias exigencias que no fueron atendidas desde el paro nacional de 2019.

Los distintos colectivos de pueblos originarios han participado en estas movilizaciones que se iniciaron hace casi dos semanas para apoyar las exigencias de quienes protestan. Ya en octubre de 2020 llegaron a Bogotá, para reunirse con el mandatario, sin que este accediera.

En esa oportunidad, le exigieron al Estado garantías de seguridad ante el aumento de violencia en sus territorios por parte de grupos armados ilegales; el cumplimiento de los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la restitución de las tierras que les han sido arrebatadas por la fuerza.

Nathali Gómez