Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chugchilan, serían quienes reemplazarían a los consejeros destituidos en el Consejo de Participación Ciudadana. La mayoría está cerca de reacomodarse en el organismo que lleva adelante la elección de Procurador y Contralor General del Estado.

Tras la destitución de María Fernanda Rivadeneira la reemplazará Karina Ponce; a Ibeth Estupiñan, por su parte, la sustituirá Mónica Moreira; en el caso de Hernán Ulloa quien asumirá será Carlos Figueroa y por Francisco Bravo, será Jaime Chugchilan quien asuma su puesto.

Entre ellos, el perfil de Chugchilan es el que más llama la atención. Él tiene 42 años, fue presidente de la Asociación de Abogados Indígenas y secretario del Mercado Mayorista de Quito. También laboró en la Secretaría Nacional del Migrante y es coordinador intercultural de pueblos y nacionalidades en el CPCCS. Registra cero en el pago de Impuesto a la Renta y tiene un patrimonio de USD 40 000.

Su situación jurídica se complicó en 2019 cuando lo denunciaron por estafa masiva. Incluso tiene una orden de prisión preventiva tras incumplir con una medida alternativa a la prisión.

Si por estos inconvenientes Chugchilan no puede asumir su cargo, Olindo Nastacuaz sería quien tome el puesto. En su hoja de vida consta que trabajó como asesor del ex consejero del CPCCS, Edwin Jarrín, identificado con el correísmo. Su nombre apareció también en una “polla” electoral que promocionó Correa años atrás.

Quien reemplazará a Ulloa es Carlos Figueroa, tiene 59 años y es médico. Fue director de la Asociación de Médicos Rurales, cumplió seis meses de prisión luego de que en 2014 junto a Fernando Villavicencio fue acusado por el expresidente Rafael Correa de desacato.

Es considerado ‘enemigo’ del gobierno de Correa. Pagó USD 500 de Impuesto a la Renta en 2020, en 2015 y 2017 no pagó dicho impuesto. Su patrimonio es de USD 20 000.

Otra futura consejera principal es Mónica Moreira, es docente, coordinadora zonal 5 del Ministerio de Educación y tiene una trayectoria de 25 años en el ámbito educativo. No registra pago de impuestos en los últimos años y sólo USD 34 en el 2018.

Por su parte, Karina Ponce también podría ser consejera principal. Ella es economista, docente y ex dirigente estudiantil. Se presenta como activista por los Derechos Humanos. En 2021 pagó USD 374 de Impuesto a la Renta.

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