Los indígenas yaquis fueron despojados de sus tierras y recursos naturales en el norte de México. Al igual que el resto de los pueblos originarios, han sido reprimidos y discriminados durante siglos. Y hoy son masacrados, ya que viven bajo la permanente amenaza del crimen organizado.

Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador les pide perdón este martes en nombre del Estado, de la misma forma que lo hizo en mayo pasado con el pueblo maya en el sur del país.

La reparación no quedará en palabras, ya que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui presentado por el mandatario compromete una inversión de unos 580 millones de dólares para proyectos en una comunidad que actualmente conforman los más de 40.000 miembros de los ocho pueblos yaquis afincados en el estado de Sonora.

A los programas de desarrollo social e infraestructura se suma el reclamo de justicia. En julio fueron reportados como desaparecidos 10 indígenas yaquis. Hace dos semanas, se encontró una fosa común cerca de su comunidad.

El lunes, en vísperas de la llegada de López Obrador, la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que cinco cuerpos hallados allí pertenecen a los yaquis que estaban siendo buscados. Falta saber en dónde están los otros cinco, qué les pasó a todos y quiénes son los responsables.

En un país que tiene más de 90.000 desaparecidos y en donde esta cifra crece a diario, los yaquis se convierten en víctimas potenciales ya que ocupan, y defienden, un territorio estratégico para la producción y el tráfico de drogas ilegales.

Quiénes son

Los yaquis, que deben su nombre al río Yaqui que atraviesa Sonora, conforman uno de los 68 pueblos indígenas que habitan México al amparo de sus propias lenguas, usos y costumbres. Los primeros informes de esta comunidad por parte de los invasores españoles datan del siglo XVI. Desde entonces, al igual que el resto de las etnias que poblaban el país, comenzaron una larga lucha de resistencia y sobrevivencia.

Su combate fue a dos vías, ya que se resistieron tanto a los conquistadores españoles como a los Gobiernos mexicanos porque se consideraban una nación autónoma. En un afán de terminar con sus rebeliones, a fines del siglo XIX el dictador Porfirio Díaz los deportó en masa al sureste para trabajar casi en condiciones de esclavitud en el cultivo de henequén. Miles de ellos murieron.

Ya a principios del siglo XXI, los yaquis sobrevivientes fueron regresando de a poco a Sonora. En 1810 se habían negado a participar en la Independencia porque no se identificaban como parte de México, pero en 1910 sí se sumaron a la Revolución porque creyeron que así podrían recuperar sus territorios. Se equivocaron.

Recién en 1937, durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas, se les otorgaron derechos de propiedad sobre casi medio millón de hectáreas y se les reconoció el derecho a contar con sus propias autoridades. La marginalidad, sin embargo, no se terminó, porque los yaquis, al igual que el resto de los indígenas mexicanos, siempre han sido víctimas de discriminación.

En las últimas décadas, a las permanentes exigencias de regularización de tierras, obras de infraestructura –principalmente referidas al acceso al agua– y programas sociales, se añadió la presencia del Cártel de Sinaloa, ya que por su cercanía geográfica controlaba Sonora, que se convirtió en uno de los estados más violentos del país.

Hoy, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ese territorio es disputado por los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el capo que cumple en EE.UU. condena a prisión perpetua. Los llamados «chapitos» mantienen permanentes enfrentamientos con otros grupos derivados del Cártel de Sinaloa, que sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

Para contenerlos, el Gobierno decidió enviar al Ejército. Pero la presencia de militares no fue bien recibida por los yaquis, quienes, a su vez, son víctimas de la violencia narco. El último ejemplo fue la desaparición de una decena de sus miembros.

La visita de López Obrador a Sonora implica el inicio de la construcción del Acueducto Yaqui que dotará de agua a esta comunidad, la entrega de medio millón de hectáreas aptas para el cultivo, el derecho al usufructo pesquero en el Golfo de California y diversos programas sociales.

Cecilia González

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