Qué implica para México que 17 congresos locales avalen la ampliación del Ejército en las calles
La reforma a la Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas continúen realizando labores de seguridad pública en México hasta 2028 está por entrar en vigor, después de que se cumpliera el requisito de aprobación en la mitad más uno de los Congresos estatales.
Los Congresos de Hidalgo, Estado de México, Nayarit y Sonora aprobaron el jueves la minuta de la reforma del quinto artículo transitorio del decreto de la Guardia Nacional para que el Ejército y la Marina Nacional continúen en las calles hasta 2028. Previamente, el proyecto fue avalado por las Cámaras de Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Campeche, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas.
Con el aval de los 17 Congresos estatales, la Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que se remita al Ejecutivo y pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez realizado este trámite, entrará en vigor la reforma.
Principales puntos de la reforma
Además de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la reforma permite que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, este segundo aspecto está en litigio, debido a que una jueza ordenó hace unos días la suspensión indefinida de este traslado al Sedena, lo que en la práctica implica que la Guardia Nacional quedaría dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como originalmente fue constituida esa corporación cívico-militar.
La propuesta del oficialismo estipula que la ampliación del plazo de las Fuerzas Armadas en las calles es necesaria mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
Asimismo, quedó establecida la formación de una comisión bicameral que dará seguimiento a que se cumpla con el plazo señalado para la labor de los militares en tareas de seguridad pública. También se fijó que desde 2023, entidades y municipios dispongan de fondos adicionales para fortalecer sus instituciones de resguardo a la ciudadanía.
