Un jurado investigador del sur de la Florida acusó a tres colombianos y dos venezolanos, incluido un importante aliado del presidente Nicolás Maduro, por su presunta participación en operativos de lavado de cientos de millones de dólares provenientes de contratos de alimentos y medicinas obtenidos a través de sobornos a funcionarios de Venezuela, dijo el jueves el Departamento de Justicia.

Entre los acusados aparecen José Gregorio Vielma Mora, un exgobernador de 55 años del estado de Táchira, y socios del empresario colombiano Alex Saab, que fue extraditado esta semana desde Cabo Verde para enfrentar acusaciones de corrupción en otro caso diferente.

Saab no está incluido entre los acusados de la trama de corrupción de alimentos, pero sí su socio colombiano Álvaro Pulido Vargas, conocido también como German Enrique Rubio Salas o “Chuchi”, de 57 años.

Los otros acusados son su hijo Emmanuel Enrique Rubio González, de 32; su compatriota Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50, y la venezolano-española Ana Guillermo Luis, de 49, que los habrían ayudado a establecer una red de compañías fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales como Hong Kong, Antigua y Barbuda, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

Cada uno de ellos enfrenta cinco acusaciones de lavado de dinero y asociación ilícita para lavar dinero obtenido a través de sobornos pagados para garantizarse contratos inflados del Comité Local de Abastecimiento y Producción, una programa estatal de Venezuela de distribución de alimentos y medicinas conocido también como CLAP, de acuerdo con la acusación del jurado investigador. De ser encontrados culpables enfrentan una pena máxima de unos 100 años de cárcel.

Los acusados obtuvieron contratos con organismos del Estado venezolano para importar y distribuir cajas de comida y medicinas en Venezuela a través de CLAP, un programa creado por Maduro para ofrecer alimentos a los sectores pobres más afectados por la inflación y la crisis económica. Según la acusación del jurado, para conseguir esos contratos pagaron sobornos a funcionarios, entre ellos a Vielma Mora, y para enriquecerse inflaron los precios. Como resultado, los acusados y sus socios recibieron cerca de 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela, y transfirieron cerca de 180 millones a Estados Unidos.

Las acusaciones fueron presentadas el 7 de octubre, pero se hicieron públicas el jueves.

Aunque no identifica a los funcionarios del gobierno nacional, la acusación del jurado asegura que estuvieron involucrados en esta trama al menos un alto funcionario del ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de Venezuela que también se desempeñó en en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), y otro funcionario que también trabajó en el mismo ministerio, fue un alto ejecutivo de ese banco y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX).

Pulido y uno de sus socios —mencionado como el Co-conspirador 1 de nacionalidad colombiana también— controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado de Táchira (COBISERTA, una empresa del estado que compraba alimentos para Táchira) y la CORPOVEX.

Vielma Mora supervisaba COBISERTA y sus contratos.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo que uno de los conspiradores no identificados era Saab.

Los acusados, co-conspiradores y socios, utilizaron numerosas empresas que controlaban para obtener los contratos y fabricar y exportar cajas de alimentos desde México, y cajas de medicina desde otros países, para importarlas y distribuirlas luego en Venezuela.

Como ejemplo mencionan que alrededor del 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited —una compañía controlada por Pulido Vargas y el Co-conspirador 1— obtuvieron un contrato de COBISERTA para importar y distribuir unos 10 millones de cajas de comida bajo el programa CLAP por un total de 340 millones de dólares, a unos 34 dólares por caja.

Según el jurado, Vielma Mora sabía que el costo de producir e importar las cajas era menor, pero acordó con los acusados un precio inflado para que pudieran pagarle sobornos a él y otros funcionarios. De acuerdo con los fiscales habría recibido cerca de 17,2 millones de dólares en sobornos a cambio de los contratos.

Entre las transferencias de dinero mencionadas aparece una del 23 de diciembre de 2016 por más de 1,5 millón de dólares desde una cuenta en Panamá a una del sur de la Florida y otra similar con fecha 11 de febrero de 2017. También se giraron 2,5 millones de dólares desde una cuenta en Antigua y Barbuda a otra del Sur de la Florida, entre otros movimientos incluidos en la acusación.