La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 5 de septiembre si la prisión preventiva oficiosa (PPO), que consiste en enviar a la cárcel en automático cuando se cometa una serie de delitos, se mantiene vigente en México.

La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa reavivó el debate en el país latinoamericano. Desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador sostienen que esta medida cautelar es esencial en la política de seguridad y justicia, mientras que especialistas critican que esta restricción termina por afectar a la población más vulnerable y que abona a la impunidad en el país.

En el caso de la prisión preventiva oficiosa, la Constitución mexicana establece que esta medida cautelar, que permite encarcelar sin comprobar la culpabilidad de una persona imputada, es aplicable para una serie de crímenes:

• Abuso o violencia sexual contra menores; y violación.
• Delincuencia organizada.
• Homicidio doloso y feminicidio.
• Secuestro y trata de personas.
• Robo de casa habitación.
• Uso de programas sociales con fines electorales.
• Enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
• Robo al transporte de carga.
• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
• Desaparición de personas.
• Crímenes cometidos con armas y explosivos.

Defensa de la PPO

Desde el Gobierno de López Obrador abogan por mantener la prisión preventiva oficiosa para los delitos mencionados.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, sostiene que si se deja a merced de los jueces la libertad de una persona acusada, se «puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces».

«Representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal», afirmó Mejía en la conferencia de prensa presidencial del pasado jueves 25 de agosto.

En tanto, López Obrador criticó la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, al afirmar que implicaría la «protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para delincuentes de cuello blanco».

Críticas a la PPO

En contraparte, desde la academia y la sociedad civil critican que a diferencia de la prisión preventiva justificada (PPJ), en la que un juez puede dictar esta medida aludiendo a un riesgo de fuga y a un potencial peligro para las víctimas o testigos, en el caso de la PPO basta con ser acusado de un delito para ingresar a un centro penitenciario, pese a que esté en proceso la fase de investigación y una eventual sentencia.

«La prisión preventiva oficiosa es el ejemplo de privación arbitraria de la libertad porque te mandan a la cárcel sin justificar por qué mereces estar ahí. El delito por el que se está investigando es suficiente para que presuman que eres un riesgo», criticó la organización no gubernamental Intersecta.

Para los investigadores Juan Jesús Garza, de la división jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Javier Martín Reyes, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el «costo» en términos de justicia de la prisión preventiva oficiosa «ha sido enorme».

«Hoy las cárceles están repletas de presuntos culpables, de individuos que no tienen condena pero que están privados de su libertad», señalaron en un artículo publicado en Reforma.

Investigaciones deficientes

En tanto, la abogada Daniela Pineda explicó que la prisión preventiva oficiosa «es profundamente funcional al sistema».

«Con Fiscalías que no saben investigar, que no tienen los recursos para hacerlo. Con poderes judiciales colapsados. La PPO es de lo poquísimo que tienen que presumir como resultado», apuntó Pineda.

En el mismo sentido se manifiesta la investigadora de World Justice Project (WJP), Marien Rivera, quien criticó que «mientras más baja esté la vara para que un fiscal logre enviar a prisión a una persona acusada de un delito, el imperativo de realizar una investigación objetiva y seria se vuelve un costo innecesario«.

«Si la investigación es de mala calidad o de plano nula pero suficiente para vincular a una persona a proceso, la probabilidad de que muchas más personas inocentes terminen en la cárcel aumenta», escribió Rivera en un artículo publicado en Nexos.

Por su parte, el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, refirió que pese a que la PPO es muy popular políticamente y electoralmente, se trata de una medida «inconstitucional» que «debilita a los aparatos policial y penal«, que «no fortalece el acceso a la justicia y tampoco reduce la impunidad».

«La PPO es una válvula de escape que despresuriza la crisis policial y de la justicia penal, permitiendo detener y apresar personas sin investigaciones previas para demostrar la presunta responsabilidad penal», criticó.

Uso de la prisión preventiva

Para 2020, el 85 % de las personas que fueron encarceladas en México no tenían una sentencia, según una investigación de Animal Político.

Un informe revela las condiciones de autogobierno, hacinamiento y ausencia de programas de reinserción en las cárceles mexicanas

El uso de la prisión preventiva tiene mayor impacto entre las mujeres (con un crecimiento del 13,21 %, en contraste con el alza del 6,25 % de hombres encarcelados) y las personas en situación de vulnerabilidad, ya que el 70 % de quienes fueron objeto de esta medida cautelar estaban en condiciones de pobreza.

En espera de la discusión de la Suprema Corte, el presidente del máximo tribunal de justicia, el ministro Arturo Zaldívar, ha hablado de la «injusticia de la prisión preventiva».

«A mí me parece que por regla general, salvo cuando hay un peligro de evasión de la justicia o cuando haya riesgo de que se ponga en peligro la vida o la integridad de testigos o de víctimas, las personas deben ser procesadas en libertad», dijo el ministro presidente en una entrevista con La Lista.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!