«Por responsabilidad, tengo que llenarme de razones para firmar un documento. Lo que les puedo decir es que estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos. La próxima semana, con mucho gusto haré pública mi posición respecto de ese proyecto de ley», dijo sobre el tema.

El gobernante aseguró que está haciendo «un trabajo muy serio» y, sin mencionar una fecha exacta, reiteró que la próxima semana se conocerá su posición y la de su Gobierno respecto del asunto del aborto por violación «y otros temas relativos».

Corte Constitucional

El gobernante recordó que personalmente defiende «la vida desde la concepción hasta la muerte natural».

Sin embargo, como «presidente de la República debo también considerar en este caso puntual el dictamen de la Corte Constitucional. Ya me pronuncié hace un año diciendo que no estaba de acuerdo en lo personal; pero como presidente de la República estoy obligado a respetar ese fallo de una institución del Estado», subrayó.

El pasado 29 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación. Se trata de un fallo histórico que coincidió con la llegada a la Presidencia del centroderechista Lasso, abierto antiabortista.

La resolución fue aprobada por el Pleno de la Corte con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas. El dictamen declaró inconstitucionales dos cláusulas del Código Integral Penal (COIP) y abrió la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en casos por violación.

Históricamente en Ecuador el aborto ha estado penalizado con cárcel, salvo que un médico lo practique para salvar la vida de una gestante. O, en caso de violación de una persona con discapacidad mental.

«Ahora que este fallo (de la Corte Constitucional) se ha convertido en un proyecto de ley, pues lo estamos trabajando. Tenemos ya algunas definiciones», reiteró el gobernante este martes.

Feministas en alerta

Las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador han adelantado que seguirán su batalla legal para el aborto por violación.

Así lo manifestó recientemente a Efe la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez De la Torre, una de las promotoras de la demanda que dio lugar a la histórica sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó despenalizar el aborto en caso de violación y elaborar una ley para regular su procedimiento.

Esta norma exigida por la Corte fue aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de febrero, y establece que cualquier mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

Gómez De la Torre consideró que si el mandatario veta la norma, ya sea íntegra o parcialmente, «caería en una ilegalidad, porque esta es una sentencia de la Corte Constitucional y es inapelable, al tratarse de otro poder del Estado y no debería recibir una respuesta de desacato del presidente».

Ante una negativa

«Él está en la obligación de entender lo que la Corte ha hecho y entender lo que la ley plantea», apuntó Gómez De la Torre.

Y por ello, si finalmente se produce ese veto, la presidenta de la Fundación Desafío abogó por recurrir nuevamente a la Corte Constitucional para que haga prevalecer su fallo.

«Lo que nos queda al movimiento de mujeres es seguir luchando para interponer demandas ante la Corte Constitucional para que emita de nuevo otra sentencia donde se obligue a elaborar una ley adecuada», indicó la especialista en derechos sexuales y reproductivos.

Para Gómez De la Torre, el veto presidencial implicaría volver a quedarse sin una ley para proceder con el aborto por violación y «no tener ley es un vacío, porque solo con la sentencia no es suficiente para que el sistema de salud pueda implementar un avance como este». EFE

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