Este proceso electoral en Perú ha sido atípico. Además de una segunda vuelta electoral «de infarto», sin resultados oficiales una semana después de las votaciones, el aumento «extraordinario» de pedidos de nulidad de mesas electorales podría retrasar aún más, por un lapso incierto, la proclamación del nuevo presidente.

Hasta ahora se sabe que, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el izquierdista Pedro Castillo tiene 50,14 % de los sufragios, mientras que la derechista Keiko Fujimori alcanza 49,86 %, cuando queda por contabilizar menos de un 0,1 % del escrutinio. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 49.000 votos.

Aunque las cifras de la ONPE ubican a Castillo como el virtual ganador de la contienda, no son suficientes para anunciarlo como presidente. Deben cumplirse una serie de pasos, con plazos establecidos, estipulados en las leyes electorales peruanas, que culminan con el fallo de la Junta Nacional de Elecciones (JNE). Así, aún restan por evaluar unos 500.000 votos.

Mientras tanto, el foco internacional sigue volcado en Perú, ante la expectativa por los resultados del balotaje y por las presuntas irregularidades denunciadas principalmente por la candidata de Fuerza Popular, en un país que en los últimos años se ha mantenido en una continua crisis política producto de las dimisiones y destituciones de varios presidentes por escándalos de corrupción.

Las actas observadas

Este lunes, el pleno de la JNE, cuya labor es fiscalizar la legalidad de los procesos comiciales, comenzó la revisión de diez expedientes de la apelación de actas observadas de la segunda vuelta electoral.

Previamente, la ONPE informó que 100 % de las actas electorales de la segunda vuelta presidencial fueron procesadas y que solo restaba esperar que los jurados electorales especiales (JEE) resolvieran el tema de las actas observadas, aproximadamente 1.395, que pudieran representar unos 279.000 votos, una cifra que quintuplica la diferencia entre ambos candidatos.

Las actas observadas son las que tienen alguna inconsistencia numérica, por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa, según explicó la asesora del despacho de la Presidencia de la JNE, María Alexandra Marallano Muro, en entrevista con RPP.

Estos documentos, que no son contabilizados por las oficinas descentralizadas de procesos electorales, se envían a los jurados electorales especiales, que resuelven el asunto en primera instancia. De interponerse un recurso de apelación, se dirigen al JNE para que, en segunda instancia, dé el fallo definitivo. Este proceso se inició este lunes.

Nulidad de votación en mesas electorales

Otro tema que se encuentra en revisión y que impacta en el número de votos es la petición de nulidad del sufragio en las mesas electorales, solicitada por personeros de las organizaciones políticas. La cifra supera las 1.000 solicitudes y, según la JNE, ocurre si:

• La mesa fue instalada sin justificación en un lugar distinto o en condiciones no establecidas por ley.
• Sus miembros ejercieron violencia o intimidaron a los electores para que votaran por una determinada opción política.
• Se comprueba que admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o rechazó votos en número suficiente para variar el resultado de la elección.
• Acciones de fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de algún candidato.

Las más de 1.000 solicitudes de anulación de mesas, de las cuales 80 % son de Fuerza Popular, suponen un panorama inédito en el sistema electoral peruano. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, dijo a RPP que afrontan una situación «extraordinaria».

Según afirmó, el sistema electoral peruano no fue concebido para tal número de peticiones de anulación, recordando que en los comicios de 2011 solo hubo dos, mientras que en 2016 fueron 26.

Por ello, habló de un «tiempo mínimo» para «poder decidir lo pertinente (…) sin atropellarse». «Nadie quisiera resoluciones de tres minutos«, agregó.

Las solicitudes de ambos lados

Los números de pedidos de nulidad de mesas varían en función de los voceros y medios. Según El Comercio, hay 1.090, de las cuales 942 son del partido fundado por Fujimori (lo que correspondería a más de 200.000 votos) y 148 de Perú Libre, que respalda a Castillo (cerca de 50.000 votos).

Entre las actas observadas y la solicitudes de anulación de mesas habría por lo menos 500.000 sufragios por revisar.

«Hechos muy graves» vs. «Esperanzas de un cambio»

Ambos contendientes han mandado mensajes a sus seguidores, que han salido a las calles de Lima desde la semana pasada para apoyar sus opciones y para exigir que se acelere la divulgación de los resultados.

En una rueda de prensa con medios internacionales, celebrada el pasado sábado, la candidata derechista pidió defender «democráticamente» todos sus votos. Además, dijo que su país «es un nuevo epicentro de confrontación ente el comunismo y una economía libre» y ratificó que han ocurrido «hechos muy graves» en la última etapa del proceso electoral.

En su opinión, hay un intento de la «izquierda internacional» de «torcer la voluntad popular», que se habría palpado a través de las «manipulaciones» en las mesas electorales.

Por su parte, Castillo pidió en su cuenta de Twitter que estas movilizaciones expresen las «esperanzas de cambio hacia un país más justo» y llamó a evitar situaciones de confrontación. «Ante quienes quieran provocarnos, ofrezcamos nuestra alegría y respeto», afirmó.

En otro trino, el profesor y líder sindical exhortó al JNE «a garantizar y velar por un proceso electoral limpio y justo». «El pueblo peruano lo merece», manifestó.

Sobre este proceso que aún no termina ya se pronunció la Organización de Estados Americanos (OEA). A diferencia de lo expresado en otros países como Bolivia, en esta oportunidad no tuvo mayores observaciones sobre los comicios. El jefe de la Misión de Observadores de la OEA, Rubén Ramírez, dijo en un video que había sido un «proceso electoral positivo» donde no se detectaron «graves irregularidades» y donde hubo «mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta».

La atención se encuentra ahora en la Junta Nacional de Elecciones que, en un lapso que podría extenderse incluso un mes, según algunos analistas, deberá determinar si hubo irregularidades o no.

Nathali Gómez

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