La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que responsabiliza al Estado ecuatoriano por la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el colegio al que asistía, cometida por el vicerrector de la institución, que devino en el suicidio de la víctima.

«La sentencia es emblemática, es de trascendental importancia, pues es el primer caso que la Corte Interamericana trata y conoce sobre violencia sexual contra las niñas, específicamente en el ámbito educativo«, dijo en conferencia de prensa Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) Guayaquil, una de las organizaciones que llevó el caso a esta instancia.

¿Qué ocurrió?

Según el recuento de los hechos que ha presentado el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), otra de las organizaciones que presentó el caso ante el sistema interamericano, y la madre de la víctima, Petita Albarracín, Paola comenzó a ser víctima de acoso y abuso sexual desde que tenía 14 años por parte de Bolívar Espín, vicerrector del colegio Dr. Enrique Martínez Serrano, al que asistía en Guayaquil.

En octubre de 2002, ya su madre había comenzado a notar cambios en la adolescente. «Ya no era la misma niña alegre. Comenzó a pasar sola en la casa. Un día, cuando estaba en el dormitorio, le pregunté si tenía algún problema y me dijo que no. Cuando nos acostamos en la cama le vi unas llagas y dijo que no era nada», relató su progenitora ante la Corte IDH en enero pasado.

Al consultar con un médico, le informaron que tenía psoriasis y que esas erupciones podían ser producto del estrés y la preocupación.

«Producto de esta violencia, Paola quedó embarazada a los 15 años y el victimario le indicó que debía practicarse un aborto en el servicio médico del colegio, allí fue nuevamente víctima de violencia sexual pues el médico le condicionó el procedimiento a cambio de sexo», continúa el relato.

El 12 de diciembre de 2002, la adolescente ingirió fósforo blanco —conocido en Ecuador como diablillos— y cuando iba camino al colegio informó a sus compañeras, quienes a su vez informaron a las autoridades del centro educativo.

«En lugar de llevarla a un hospital, Paola fue forzada a rezar por su alma y pedir perdón a Dios», añade el recuento del CRR.

Horas después, su madre, que fue contactada por una de las compañeras de la joven, llegó al colegio. «Cuando corría vi un callejón y al fondo estaba botada mi hija. El vicerrector se acerca y me dijo: ‘Recoja a su hija y llévesela’. Mi hija me escuchó y me dijo: ‘Mamita, perdóname’. Y la llevamos al hospital», denunció Albarracín en la Corte IDH, donde precisó que el victimario tenía 65 años.

Primero fueron a un hospital público y luego la llevaron a una clínica privada; sin embargo, al siguiente día, se quitó la vida, apenas poco después de haber cumplido 16 años.

Sentencia de la CorteIDH

Tras el hecho, se inició un proceso penal. La madre de Paola presentó una acusación particular contra el vicerrector del colegio por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio.

El 6 de febrero de 2003 se ordenó la detención del hombre y más adelante, el 2 de septiembre de 2005, se le imputó el delito de estupro agravado. No obstante, el vicerrector se fugó y el procedimiento en su contra se suspendió. El 18 de septiembre de 2008 a solicitud del victimario, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006 y años después hasta la Corte IDH.

En un comunicado en el que explican la sentencia, la Corte IDH señala que la institución «estableció que los hechos del caso se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza, pues la violencia sexual fue cometida por una persona en una posición en la que tenía un deber de cuidado dentro del ámbito escolar, en el marco de una situación de vulnerabilidad en que se encontraba la niña Paola Guzmán».

Señala que «ello se advierte, en forma concreta, dados los señalamientos de que los actos con implicancias sexuales que el vicerrector desarrolló con Paola comenzaron como condición para que él la ayudara a pasar el año escolar».

La Corte IDH determinó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, y a la educación, al incumplir las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer, en agravio de Paola.

También concluyó que hubo violaciones de derechos a la madre y hermana de la víctima, concretamente a los de las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley e integridad personal.

En razón de las violaciones a derechos humanos, la Corte ordenó varias medidas de reparación, entre ellas: brindar, gratuitamente y de forma inmediata, tratamiento psicológico a la madre y hermana de la víctima; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas; además de pagar por concepto de indemnización a sus familiares.

«Ecuador ejecutará la sentencia»

«En el marco del respeto a los derechos humanos y del sistema interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso de Paola Guzmán», escribió, en su cuenta en Twitter, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tras conocer la decisión.

El mandatario añadió que «se mantiene firme», desde el «primer día» de su gobierno, esa «lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo».

«Hay muchas Paolas en la región»

«Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la Justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio», afirmó Albarracín tras conocer la sentencia y señaló que, aunque ya no tenga a su hija con ella, le queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano, «pues, con esta sentencia, los agresores no serán encubiertos nunca más».

«Por fin se hizo justicia en esta lucha. Lo que vivió Paola, no quisiera que lo vivan otras niñas, ni lo que he sufrido yo lo sufran otras madres», enfatizó en una conferencia de prensa celebrada este lunes.

La madre de esta adolescente espera que tras esta decisión «haya medidas de protección» para evitar más acosos y violencia sexual contra los niños y niñas en los colegios.

Catalina Martínez, directora regional del CRR, explicó, por su parte, que la sentencia es importante no solo por ser de obligatorio cumplimiento para el Estado de Ecuador, sino porque al ser una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que esta instancia establece en esta decisión, en materia de obligaciones de derechos humanos, «es aplicable para todos los Estados de la región que hacen parte del sistema (interamericano)».

«Este caso, lamentablemente, no es un caso aislado, hay muchas Paolas en Ecuador y hay muchas Paolas en la región, que han sido o están siendo víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar», mencionó la directora, y citó cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) que señalan que tres de cada 10 estudiantes han sido acosados en las escuelas en América Latina.

Edgar Romero G.