El Grupo de Puebla anunció este jueves la creación de un Observatorio Electoral que supervisará el desarrollo del plebiscito constituyente en Chile y los comicios presidenciales de Bolivia y Ecuador, que se ejecutarán en medio de escenarios de tensión política.

Así lo acordó este bloque, que nació el año pasado en México, durante una reunión virtual en la que participó el presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lagos; el excanciller ecuatoriano Guillaume Long, la senadora boliviana Adriana Salvatierra, la jurista brasileña Carol Proner y la senadora paraguaya Esperanza Martínez.

«Hay un común denominador en estos países: son gobernados por la derecha, donde hay una fuerte conflictividad, una represión profunda y donde está en peligro la democracia», afirmó Lagos, quien estará al frente del grupo de observadores en Chile.

En este país, el próximo 25 de octubre se realizará un plebiscito que estaba previsto para el pasado 26 de abril y que se pospuso debido a la pandemia de coronavirus. Los chilenos, que el año pasado protagonizaron históricas y masivas movilizaciones que provocaron una grave crisis política para el gobierno de Sebastián Piñera, deberán votar a favor o en contra de elaborar una nueva Constitución, así como los mecanismos para su eventual redacción.

El caso de Ecuador

El excanciller ecuatoriano Guillaume Long consideró que, en estos «tiempos tan difíciles» para América Latina, es fundamental prestar atención a los procesos electorales en todas sus facetas, desde la campaña hasta el día de las elecciones, para garantizar los derechos de los candidatos y de los votantes.

«En seis meses tenemos nuestras elecciones, pero ya vemos un fraude electoral fraguándose, ya hay un proceso en marcha de persecución política, de proscripción partidaria», advirtió al recordar las maniobras que hay para impedir la participación de Fuerza Compromiso Social, el partido del expresidente Rafael Correa.

Ecuador y Bolivia: la original fórmula «democrática» que pretende proscribir a candidatos o partidos opositores

Las elecciones presidenciales de Ecuador se realizarán el 7 de febrero de próximo año, pero la presión judicial contra Correa ya logró que sea sentenciado a ocho años de prisión por el delito de «cohecho» en el marco de la causa conocida como «caso sobornos», que investiga aportes ilegales al movimiento correísta Alianza País. La condena todavía no está firme. Si se ratifica, el expresidente radicado en Bélgica no podrá volver al país ni postularse a ningún cargo.

A ello se suma la decisión del Consejo Nacional Electoral, que les negó el registro a cuatro partidos, entre ellos Fuerza Compromiso Social. El pretexto legal es que el partido de Correa no cumple con el 1,5 % de las firmas del padrón electoral que exige la ley para obtener el registro. Sin embargo, de fondo están las denuncias de que el gobierno de Lenín Moreno quiere proscribir la participación del partido correísta, que encabeza las encuestas, aunque todavía ni siquiera ha definido a su candidato presidencial.

La incertidumbre boliviana

Un caso similar ocurre en Bolivia. La senadora Adriana Salvatierra explicó en la reunión del Grupo de Puebla que en ese país se padece «una guerra comunicacional» que hizo creer que el gobierno democrático del derrocado expresidente Evo Morales era una dictadura, definición que más bien corresponde al actual gobierno de facto de Jeanine Áñez.

«La guerra jurídica ha cobrado otras dimensiones. Al principio denunciábamos la persecución de líderes políticos de proyectos progresistas de Latinoamérica como Rafael, Cristina, Lula o Evo Morales. Hoy estos comienzan a cobrar otra dinámica, donde se utiliza la guerra jurídica para cerrar las vía democráticas para el pueblo movilizado y para las organizaciones sociales», dijo.

Bolivia está envuelta en un caos político y social que incluye protestas masivas, decenas de bloqueos en carreteras, enfrentamientos armados, el retraso de las elecciones con las que el país debería recuperar el sistema democrático que perdió el año pasado y los intentos de proscripción del principal partido opositor.

Esta semana se intensificaron las protestas por la postergación de las elecciones presidenciales del 6 de septiembre al 18 de octubre, en medio de reclamos para que Áñez renuncie al gobierno y a su candidatura presidencial. Mientras, en los tribunales electorales se mantiene la presión para suspender la postulación de Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera la intención de voto.

«Golpes de Estado de nuevos tipos»

Desde Brasil, Proner recordó que cuando el Grupo de Puebla se reunió por primera vez, una de las prioridades era el análisis jurídico de los sistemas de justicia y su compromiso en los procesos de coacción democrática.

«Hay nuevos procesos de quiebres de institucionalidad, golpes de Estado de nuevos tipos, golpes parlamentarios, mediáticos y también jurídicos, donde el poder judicial da grandes combates contra la corrupción, pero la corrupción utilizada como argumento para convencer mediáticamente a la opinión pública respecto a la necesidad de no confiar en la política, es decir, una forma de coartar la participación democrática», precisó.

La senadora paraguaya Esperanza Martínez coincidió en la importancia de hacer un seguimiento de los procesos electorales y, sobre todo, de las instituciones democráticas para garantizar derechos que están en peligro «en este marco de segregación y persecución de manera sesgada».

Cecilia González