Políticos y empresarios brasileños son investigados por crimen ambiental en las tierras públicas de la Amazonía
El acceso a una conversación telefónica reveló que el diputado estatal Jean Oliveira —del partido Movimiento Democrático Brasil (MDB)— del estado de Rondonia, situado en el norte de la Amazonía brasileña, formaba parte de un grupo con intenciones de ocupar ilegalmente y vender tierras públicas del estado, más concretamente de un área de selva amazónica reconocida como Unidad de Conservación Ambiental.
El caso, que también implica a empresarios, está bajo investigación de la Policía Federal y del Ministerio Público de este estado, y fue descubierto durante la Operación Feldberg. Este operativo investiga desde 2019 a funcionarios públicos por fraude electoral y desvío de dinero público de los sueldos de trabajadores del estado de Rondonia.
En la conversación, publicada por el periódico Folha de São Paulo, el diputado Oliveira le decía al empresario en agropecuaria Alexsandro Zarelli, supuesto líder del grupo: «Tenemos que conseguir un abogado más espabilado (…) Deforestar hoy. Yo iba a comprar unas 20.000 hectáreas, iba a acabar con aquellas tierras de Alta Floresta [un municipio de Rondonia]».
Otro de los primeros medios a hacer públicas las informaciones sobre el presunto plan de apropiación ilícita de tierras públicas protegidas fue el periódico estatal Jornal de Rondônia 2ª Edição, que según el análisis de las escuchas telefónicas y documentos a los que tuvo acceso, anunció que el grupo tenía interés en facilitar la deforestación y extracción de recursos en lugares protegidos de la Amazonía.
El objetivo de la misión sería apropiarse ilegalmente de 64.600 hectáreas de tierras públicas —proceso conocido en Brasil como ‘grilagem’, ya que se colocan documentos falsos en un cajón con grillos y los insectos provocan en el papel un aspecto de envejecidos— en la reserva del Río Pacaás Novos, en el municipio Guajará-Mirim.
En caso de llegar a ser vendida, la adquisición de este área podría generar créditos positivos de deforestación a las personas que hayan talado ilegalmente sus áreas privadas y que necesiten de compensación. El actual código forestal brasileño exige que toda propiedad rural que esté dentro la Amazonía Legal de Brasil mantenga en pie, por lo menos, el 80 %de la vegetación nativa. La policía encontró una publicación en internet con 34.600 hectáreas en venta, donde se describía la tierra como «área de compensación de reserva legal».
Además, una buena parte de esas tierras tienen una potencial presencia de minerales, aunque no pueden ser explotadas, en tanto que están catalogadas como protegidas. «Hay minerales en el área de la reserva legal. El ‘tipo’ no puede tocar en la reserva legal, pero él puede compensar», explica Oliveira a Zarelli en otro momento de la conversación.
En la conversación también se insinuaba el asesinato de uno de los procuradores generales del estado de Rondonia, Matheus Carvalho Dantas, responsable por revisiones ambientales en la región y quien podría estar obstaculizando el aval para la apropiación de estas tierras.
El empresario Zarelli menciona en un momento «mandar o Matheus para el infierno», a lo que el diputado Oliveira responde «vamos a atacarle». La Asociación de Procuradores de Rondonia publicó una nota de repudio: «Es absolutamente injustificable y, sobre todo, inaceptable que ser abogado público se haya transformado en una actividad de riesgo en el estado de Rondonia, generando estrés emocional e inseguridad».
Y añadió: «Estos hechos, más allá de intimidar a los procuradores, refuerzan su ideal de busca por los intereses públicos».
El diputado Oliveira contrajo covid-19 a principios de julio, está internado en un hospital con agravantes pulmonares y la semana pasada salió de la UCI, mientas que Zarelli —que ya había estado temporalmente en prisión año pasado por relaciones con la Operación Feldberg— entró recientemente en prisión domiciliaria, a la espera de que continúen las investigaciones de la policía.
La estrategia de apropiación de tierras públicas para compensar otras áreas deforestadas ilegalmente podría tener un mayor alcance dentro de este estado, e incluir sobornos entre funcionarios públicos, empresarios y notarios.
De acuerdo con la denuncia realizada por el Ministerio Público de Rondonia, «existen fuertes indicios de corrupción activa, corrupción pasiva, desfalco, blanqueamiento de dinero, falsificación de documentos públicos y organización criminal, entre otros (crímenes)».
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