El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes que ejercería la facultad de veto en caso de que avance en el Congreso el proyecto de ley para indultar a las personas encarceladas en el marco del estallido social, que inició en octubre de 2019.

«Consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho», dijo Piñera, tras manifestar «su total desacuerdo y oposición» a la propuesta de indulto general por razones humanitarias, que fue presentado por senadores de oposición el pasado 9 de diciembre.

«En caso de que el proyecto avance, y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación», apuntó el mandatario este lunes en el Palacio de la Moneda, según un comunicado de la Presidencia de Chile.

El jefe del Ejecutivo alegó que las personas privadas de su libertad que se pretenden indultar fueron imputadas porque así lo determinaron «los Tribunales de Justicia del Poder Judicial», y no por decisión de su Gobierno.

¿Qué dice el proyecto?

Senadores de cinco bancadas presentaron un proyecto de ley para otorgar un indulto general a las personas imputadas o condenadas por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, a partir del 7 de octubre de 2019 y hasta el 9 de diciembre de 2020, día que se presentó la propuesta.

La iniciativa de ley ofrecería amnistía a los autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos en el marco del estallido social. No obstante, no podrán acogerse a este criterio los exintegrantes o miembros de las Fuerzas Armadas, de instituciones de seguridad pública o funcionarios.

Para los autores del texto, hay dos factores que motivan este indulto:

• El contexto excepcional de «violaciones graves y masivas a los derechos humanos» por parte de fuerzas policiales y militares durante el estallido social, que ocurrió luego de que miles de personas salieran a las calles, en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

• El hacinamiento carcelario en Chile, que hace imposible cumplir con medidas de distanciamiento social en la actual pandemia del coronavirus. Según datos del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH), citados en el proyecto de ley, el 51 % de los internos no cuenta con una cama propia para dormir.

El proyecto fue presentado por los senadores Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), Isabel Allende (Partido Socialista), Adriana Muñoz (Partido Por la Democracia), Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano) y Alejandro Navarro (País Progresista).

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Represión y estallido social

En el contexto del estallido social, la Fiscalía Nacional de Chile formalizó a un total de 5.084 personas por supuestos delitos que van desde desorden público, saqueos, incendios, violencia institucional y atentados contra estaciones del Metro. Del total de personas que fueron judicializadas, 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenadas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó2.520 querellas contra agentes de las fuerzas de seguridad por: homicidios (6); homicidios frustrados (35); torturas (460); lesiones (25); y violencias innecesarias (115), entre otros delitos.

Además, el INDH registra 163 víctimas de trauma ocular, incluyendo 21 casos de estallido de globo ocular y 32 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible.